La aprobación el fin de semana de una amnistía contributiva que cubriría hasta febrero de 2012 y que se supone recaude fondos para la seguridad pública sirvió de pantalla para la aprobación de otro proyecto, el que ofrece cero pago de impuestos a los individuos con fortuna que se muden a Puerto Rico.

Ambas propuestas, que suponen un cantazo a las arcas públicas sea por los intereses que no se van a pagar en las deudas, o por la ausencia total de pago de contribuciones en las fortunas de los ‘individuos inversionistas’ fueron aprobados sin vista pública.

La amnistía, formalmente ‘Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad y Salud Pública’ (PC 3725), fue radicada el 3 de noviembre, y en sus tres días de vida legislativa no pasó ni por comisión ejecutiva. La inmunidad contributiva a los inversionistas, formalmente ‘Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico’ (PC 3657), fue radicada el 11 de octubre y, hasta su aprobación anoche, con el voto a favor del Senado, tampoco pasó ni por comisión ejecutiva.

Mientras que el alivio de la amnistía cubre hasta febrero de 2012, y sólo aplica a la eliminación de multas ya que el principal de la deuda se sigue debiendo, en el caso de ‘individuos inversionistas’ la ventana dura hasta el 2036 y la exención contributiva es ‘total’.

En estos 25 años, cualquier persona que se mude a la Isla, y no haya sido residente de la misma en los 15 años anteriores a la mudanza, consigue una exención total del pago de contribuciones sobre su capital. En el caso del rendimiento del capital con el que llegue a la Isla, sólo comenzará a pagar 5% una vez hayan pasado 10 años de la mudanza. Cuando se trate de rendimiento del capital que genera una vez se muda a la Isla, también está exento.

El proyecto no provee un parámetro objetivo, ni lenguaje subjetivo tampoco, de cuántos bienes o valor financiero tiene que tener la persona para cualificar como ‘individuo inversionista’.

Tras la aprobación en el Senado anoche, el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz emitió un comunicado de prensa en el que se asegura, a la misma vez, dos cosas aparentemente opuestas sobre el proyecto. En cita del presidente se dice que ‘bajo ningún concepto este proyecto exime del pago contributivo a gente acaudalada’, mientras que en otra parte del comunicado se dice que ‘para incentivar el traslado de dichos individuos a Puerto Rico, esta ley exime totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos individuos con respecto a sus inversiones’.

Ninguno de los dos proyectos tiene en su exposición de motivos una proyección de cuánto recaudarían, o dejarían de recaudar, o de cuánto generarían en actividad económica, una violación a la ley que exije que cada proyecto aclare cuál va a ser su efecto presupuestario. De hecho, al firmar la amnistía ayer, el Gobernador Luis Fortuño tampoco pudo dar estos datos.

Lo que sí tiene el proyecto de amnistía es una disposición para crear el ‘Comité Interagencial para Depuración de Récords’ que será presidido por el secretario de Hacienda y que tiene ‘el propósito de identificar el monto de las deudas contributivas en los records del Departamento de Hacienda que son realmente exigibles y cobrables por el Departamento’. El comité, por tanto, podrá ‘borrar’ las deudas contributivas que determine que no son ‘exigibles y cobrables’. No se provee un mecanismo para que esa ‘depuración’ tenga divulgación pública.

El comité tiene una silla para la Oficina de la Contralora cuya jefa, Yezmín Valdivieso, tiene un esposo contador público autorizado activo en la práctica con clientes públicos y privados, incluyendo el bufete del director de campaña del Gobernador, Ángel Cintrón, y la candidata a senadora por San Juan, Zoé Laboy.

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