Mientras el gobernador Luis Fortuño exhortaba anoche a los ciudadanos a buscar refugio seguro ante el inminente azote de la tormenta y luego huracán Irene sobre la isla, grandes cadenas de tiendas por departamento y faramacias anunciaban por las ondas radiales que mantendrían sus puertas abiertas ‘hasta que las condiciones del tiempo lo permitan’, manteniendo cautivos a decenas de empleados que contaron con tiempo mínimo para prepararse ante la emergencia.

Lo mismo ocurrió con restaurantes de comida rápida y otros comercios, que continuaban haciendo negocios a costa de su personal humano.

Una ciudadana que no se quiso identificar, denunció a la agencia Inter News Service (INS) que en su trabajo ‘las instrucciones eran permanecer sirviendo, limpiando y cocinando hasta que la gerencia decidiera’.

‘Cuando salí de mi trabajo, en la noche, no se veía nada. Ya habían árboles ramas en la carretera y, obviamente, no me dió tiempo de comprar nada’, narró.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Miguel Romero, dijo hoy a INS que el gobierno no tiene injerencia para intervenir con las empresas privadas que mantienen este tipo de práctica.

‘Hubo una exhortación a que se utilizara el sentido común y, aunque el gobierno no controla a la empresa privada, sí hay una responsabilidad de cada patrono que debe cumplir para que su ambiente de trabajo sea libre de accidentes’, estableció.

‘Si hay una situación particular, que el sitio no cuenta con servicios sanitarios, que no cuenta con agua, sí hay una violación de ley y sí podríamos intervenir’, aclaró.

Romero señaló que estas personas, si sienten que su patrono amenazó su seguridad, cuentan con un remedio y podrían someter una querella en la oficina de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que atiende riesgos en el lugar del trabajo.

Sin embargo, la situación a la que se expusieron cientos de empleados de negocios comerciales no implicaba riesgo en sus lugares de trabajo, muchos de los cuales son grandes cadenas estadounidenses que cuenta con generadores eléctricos y cisternas de agua, sino una vez se dirigían a sus casas en medio de las inclemencias del tiempo.

‘Lo idóneo y la política pública es que los trabajadores tienen que velar por sus familias y su seguridad y pasa a un segundo plano un interés comercial y eso está claro, pero el gobierno no es el patrono de estas personas’, afirmó.

Entonces, la intervención inmediata del momento es una exhortación que Romero reiteró. ‘El gobierno canceló sus labores y eso tiene unos costos, pero no hay costo más grande que poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. No queremos una desgracia que al final del día le cuesta más al patrono’.

Romero dejó claro que si a un empleado se le obligó a trabajar en menosprecio de su seguridad, hay un remedio para ellos.

‘Nosotros vamos a atenderlo y a realizar la investigación pertinente. Los trabajadores no deberían dejar pasar por alto esta situación pensando que no hay un remedio’, aseguró.

Añadió que ‘aquellos, que por la naturaleza de sus trabajos, deben permanecer laborando, los patronos tienen que cumplir con los requerimientos de salud y seguridad’.

El secretario indicó que aún no ha recibido ninguna queja directa al respecto, pero recordó que hoy el Departamento del Trabajo realiza funciones esenciales con el mínimo de personal, por lo que garantizó que a partir de mañana la agencia estará disponible para recibir querellas a través del 787 754-2172 y del correo electrónico prosha@dol.gov.

Mencionó, además, que en el portal cibernético del departamento, www.drth.gobierno.pr, se pueden encontrar los números de teléfono y direcciones de las oficinas regionales que podrían atender estos asuntos.