Así lo dice claramente el informe del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) que nadie tomó en cuenta a la hora de dejar en libertad sin grillete a William Santiago Figueroa

El informe del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), discutido públicamente para imponer responsabilidades en el asesinato de Linnette Morales Vázquez, su hermano Luis Miguel, y su madre Lizzette Vázquez Vélez, establece, claramente que no era primer ofensor y que había cumplido cárcel concurrente por tres diferentes artículos de violencia doméstica, incluyendo dos graves.

El informe confidencial, que NotiCel pudo analizar luego de todas las negativas de las autoridades competentes, sostiene, en sus recomendaciones, que William Hiram Santiago Figueroa «de acuerdo a la ley, conlleva supervisión electrónica y pagar la fianza de manera pecuniaria».

«Como también cumplió cárcel por delitos previos de Ley 54 se recomienda se observe estrictamente con el protocolo de distancia entre las partes, que al momento de la evaluación no ha ofrecido ninguna residencia viable, que cumpla con el mismo», lee el informe, preparado conforme al Protocolar Multiagencial para Atender los Casos de Violencia Doméstica Mediante Supervisión Electrónica.

De acuerdo al informe, Santiago Figueroa residía con su hermano en el barrio Sierra Alta en Yauco, no tenía hijos y su escolaridad es de cuarto año. Recibía los beneficios del PAN y alegó no tener condiciones de salud, ni físicas ni mentales. En el proceso de evaluación estuvo acompañado de su madre, de acuerdo al documento.

Su afirmación de que no tenía condiciones de salud que reportar contrasta con el testimonio de Morales Vázquez, quien dijo que había vuelto con el hombre, aunque tenía una orden de protección en su contra, porque este le había dado a entender que tenía cáncer y le quedaba poco tiempo de vida.

La jueza Ginny Marie Vélez Carrera, del Tribunal de Ponce, dejó libre y sin grillete a Santiago Figueroa, responsable de la segunda masacre del 2024, quien tras asesinar a la familia, se suicidó.

Tanto la Rama Judicial como el Departamento de Justicia han iniciado investigaciones sobre el proceder de sus funcionarios en este caso.

NotiCel acudió al Tribunal de Ponce a solicitar las regrabaciones de estas vistas en las que se revelan múltiples fallas del sistema, desde la Policía que resistía a tomarse la querella, fiscales que no solicitaron el grillete electrónico y jueces que no lo impusieron a pesar de ser un reincidente que cumplió cárcel.

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