La ACLU de Puerto Rico y el Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron, tanto al gobierno federal como a las autoridades locales, transparencia sobre las intervenciones.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y el Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil levantaron las voces contra las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y los operativos federales que, según denuncian, han intensificado la persecución contra comunidades migrantes en la Isla.

Ambas organizaciones indicaron que estas medidas atentan contra los derechos humanos y buscan imponer un clima de temor entre personas en estatus irregular, afectando su acceso a servicios básicos y a la justicia.

«Decidimos juntarnos y crear un Frente de Organizaciones da Sociedad Civil de Puerto Rico en contra de las políticas migratorias do Presidente Trump y para exigir medidas de protección para a comunidad migrante», indicó Annette M. Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU.

Los reclamos fueron dirigidos tanto al gobierno federal como a las autoridades locales, a quienes exigen transparencia sobre los operativos, garantías de debido proceso para los inmigrantes y un compromiso real con la protección de los derechos civiles.

Según explicó la directora ejecutiva de la ACLU, las órdenes ejecutivas de inmigración promulgadas en enero de 2025, son racistas, selectivas, xenófobas e inhumanas. Sostuvo, además, que estas medidas no aportan soluciones reales a la política migratoria federal y, por el contrario, fomentan un ambiente de miedo, causando un daño irreparable a familias, comunidades y la economía local.

«Decidimos que no nos vamos a quedar calladas ni callados. Como organizaciones que proveemos servicios, denunciamos y promovemos la protección de los derechos humanos de todas las personas. Creemos en su dignidad y en la defensa de sus derechos fundamentales. Lo que está ocurriendo no puede continuar sin que hagamos algo al respecto», dijo Martínez Orabona.

Asimismo, la organización advirtió que, aunque las autoridades federales han afirmado que las intervenciones y detenciones se limitan a personas con historial delictivo, se han registrado casos en los que migrantes sin expediente criminal, e incluso con estatus migratorio regular, han sido blanco de estos operativos.

“Nadie debería vivir en un constante estado de temor a ser detenido, arrestado y deportado sumariamente, lejos de sus seres queridos, sus familias y sus comunidades”, subrayó la ACLU.

Asimismo, la entidad rechazó la retórica de que cada persona que entra sin autorización a Estados Unidos es un criminal, recordando que el debido proceso es un derecho fundamental.

El Frente mostró preocupación por la postura de la gobernadora, Jenniffer González Colón, sobre la posibilidad de negar servicios públicos esenciales, incluyendo atención de salud, a la población migrante.

«Todas las personas en Puerto Rico, incluidas las personas migrantes, deben tener acceso a servicios de salud física y mental, y por eso nos indignan las expresiones de la gobernadora y las rechazamos contundentemente de ofrecerse voluntariamente a llegar servicios de salud que deben ser públicos para todas las personas, y ofrecerse a negárselos a la población migrante» afirmó directora ejecutiva de la ACLU.

La ACLU enfatizó que el gobierno de Puerto Rico tiene la obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de todas las personas que residen en la isla, sin importar su estatus migratorio.

Martínez Orabona cuestionó las prioridades del gobierno al señalar que cruzar una frontera no convierte a una persona en delincuente y que los esfuerzos deben centrarse en atender problemas urgentes en Puerto Rico, como el desplazamiento, la crisis de vivienda, la energía y la protección de la niñez.

El Frente entiende que el gobierno debe adoptar una política pública que proteja a la población migrante, garantizando sus derechos fundamentales y el acceso a servicios esenciales sin importar su estatus migratorio; por lo que exigieron el reconocimiento de espacios seguros, como iglesias, escuelas y hospitales, donde las autoridades no puedan intervenir sin orden judicial, así como una política clara que prohíba la colaboración del gobierno local con agencias federales en la detención y deportación de migrantes.

Del mismo modo, solicitaron que el Departamento de Educación asegure que los menores migrantes puedan acudir a la escuela sin temor, que se respeten los derechos de las personas LGBTTIQ+ que huyen de la persecución en sus países y que se rechace cualquier acuerdo estatal que facilite redadas o separaciones familiares. Exigen mayor transparencia sobre los arrestos y paradero de detenidos, así como garantías contra registros y allanamientos arbitrarios.