En medio de posibles investigaciones a alcaldes.

La Oficina del Contralor Electoral (OCE), presentó hoy ante la Legislatura una propuesta de enmienda a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas (Ley 222- 2011) mientras ese mismo cuerpo discute otras enmiendas a la Ley y tras varios casos federales que abordan los donativos a campañas políticas.

Según expresó el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, en declaraciones escritas, entre las enmiendas que buscan que la Legislatura apruebe se encuentra limitar la cantidad anual de donativos en efectivo, giros, cheques bancarios, cheques de gerente o de viajero que un comité podrá recibir de un donante a $250.

Actualmente, el reglamento de la OCE establece que los donativos a campaña realizados por una persona natural pueden llegar hasta $2,800.

La propuesta ocurre en medio de convicciones federales y de otras posibles investigaciones a alcaldes destapadas por el contratista y convicto federal Oscar Santamaría Torres.

Particularmente, el mismo Vélez Martínez afirmó la pasada semana que hay situaciones irregulares y datos suficientes para investigar las donaciones que se hicieron al comité de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo para las elecciones de 2020.

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La reacción de Vélez Martínez ocurrió luego de que Santamaría Torres dijera en el juicio por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, que hizo donaciones a la campaña política de Romero Lugo por $50,000 y $10,000, pero en la consulta de donantes de la OCE solo aparecen $5,000 reportados.

Otras enmiendas propuestas a la Ley por la OCE implican requerir que los Pacs y Súper Pacs que hacen gastos en Puerto Rico se registren ante la OCE y rindan informes independientemente de su jurisdicción de origen.

Actualmente, los Pacs y Súper Pacs que son registrados en la Comisión Federal de Elecciones no tienen que ser registrados en la OCE ni son investigados en Puerto Rico.

De hecho, esto ha generado múltiples cuestionamientos en la isla, especialmente durante la campaña pasada por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre el actual gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la ahora acusada federal, Wanda Vázquez Garced, donde fue evidente la actuación de estos entes.

En esa línea, Salvemos a Puerto Rico fue Súper Comité de Acción Política que se dedicó a hacer campañas independientes en contra de Vázquez Garced. Este tenía sede en Virginia y era liderado por el CPA Joseph Fuentes Fernández, amigo del ahora gobernador y quien cumple cárcel actualmente, precisamente, por un esquema de corrupción relacionado a Salvemos a Puerto Rico.

Fuentes Fernández se declaró culpable ante las autoridades federales por someter información falsa a la Comisión Federal de Elecciones sobre Salvemos a Puerto Rico. Este reportó donativos de dos entidades sin fines de lucro, cuando sabía que las mismas eran simplemente unos frentes creados específicamente para que un grupo de donantes pudiera dar dinero sin identificarse. Las dos entidades que las autoridades describieron como «fantasmas» son Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc.

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Con ese dinero se realizaron múltiples anuncios que rondaban los medios de comunicación, especialmente televisión, y que aludían a que «en Wanda Vázquez no se puede confiar».

Ahora, la OCE busca poder auscultar estos comités.

La OCE busca también requerir que los informes de ingresos y gastos de los comités se presenten cada dos meses y en el año que se celebren elecciones generales, mensualmente; aumentar los términos prescriptivos de los delitos electorales de 5 a 7 años; establecer que en el caso de los aspirantes y candidatos a gobernador el total de donativos anónimos que podrá recaudar no podrá exceder de $300,000 anuales.

«Las referidas enmiendas buscan atacar el efecto adverso que tiene el inversionismo político y sus consecuencias en la transparencia de las elecciones y la ética de la administración pública», dijo Vélez Martínez.

“Resulta medular que las reglas o controles se apliquen en la práctica. Controles, que estén respaldados por sanciones creíbles y por autoridades dotadas de la autonomía necesaria y de los recursos legales, financieros y humanos para hacerlos valer. Sin embargo, garantizar la integridad de los procesos no depende solamente de las legislaciones sobre la fiscalización del financiamiento político. La limpieza y transparencia en el financiamiento de las campañas electorales no se podrá lograr por completo hasta que se diseñen procedimientos efectivos que garanticen, lo mejor posible, que las personas que aspiran a posiciones electivas sean de reconocida probidad moral”, concluyó el funcionario.

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