La OCE señaló el 24 de marzo pasado que había base para investigar las donaciones a la campaña del alcalde de San Juan.

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) divulgará hoy la auditoría al comité de campaña del alcalde Miguel Romero Lugo.

La OCE tiene hasta hoy, por ley, para publicar las auditorías de todos los comités políticos que participaron en las elecciones de 2020.

La ley otorga 30 meses para realizar todas las auditorías a los comités de campaña y tras un sorteo se comienzan a evaluar los casi 1,000 comités.

La fecha de la publicación de la auditoría la había adelantado el 24 de marzo pasado el contralor electoral Walter Vélez Martínez, quien ese día también consideró que había situaciones irregulares y datos suficientes para investigar las donaciones que se hicieron al comité de campaña de Romero Lugo, para las elecciones de 2020.

Vélez Martínez aclaró entonces que el asunto de la pesquisa estaba en evaluación y que incluso la OCE había solicitado el récord del caso a las autoridades federales.

Sobre este asunto, explicó entonces que «esto no significa que una vez se publique la auditoría, que puede salir con un hallazgo, dos o tres, o puede salir bien, eso no significa que se cierre una investigación o cualquier asunto, o que se abra una investigación».

La posibilidad de que el comité de campaña de Romero Lugo sea investigado surgió luego de que el contratista convicto por corrupción, Oscar Santamaría Torres, y según trascendió en el juicio por corrupción contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, hizo donaciones a la campaña política de Romero Lugo de $50,000 y $10,000, pero en la Consulta de Donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) solo aparecen $5,000 reportados.

El contralor sostuvo hace poco más de un mes que «todo lo que se comunicó en el juicio, que pudiera tener relación con asuntos del financiamiento de campañas, se está analizando y se está evaluando por la Oficina del Contralor Electoral. Ya había algunas de las cosas que se plantearon que ya nosotros las sabíamos, pero puede haber otra información nueva que también la estamos evaluando».

Añadió que «hay unas alegaciones que hay que tomarlas con mucha seriedad, porque se plantean donativos en exceso a los límites que impone la ley, pero son situaciones que nosotros tenemos que evaluarlas en qué contexto se dan, si en realidad fueron donativos ilegales, dónde está ese dinero, si era para la campaña, si no se usó para la campaña y se usó para otro motivo. Son cosas que nosotros, por supuesto, vamos a estar evaluando».

Según el funcionario, si se detectaran violaciones a la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas, hay dos vías: imposición de multas, dependiendo de la ilegalidad que se haya cometido y, dos, de haberse emitido un informe falso, que es un delito tipificado en la Ley de Financiamiento, habría un referido al Departamento de Justicia, para que la agencia procese el asunto en los tribunales.

En el juicio, Santamaría Torres admitió las donaciones por encima de la ley, pero no dio detalles.

Sí se hizo referencia en el proceso judicial a dos eventos en 2020 para recaudación de fondos: uno en “La Casona» y otro en “El Olivo».

En estas dos actividades, Santamaría Torres presuntamente aportó $50,000 y $10,000 que se pasaron a nombre de otras personas, lo que también es una violación a la ley de financiamiento de campañas.

Los donativos habrían sido entregados a miembros de la campaña política de Romero Lugo, incluyendo al anterior vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, que renunció abruptamente en septiembre de 2022 “por razones estrictamente profesionales”.

El Registro de Donantes de la OCE refleja que Santamaría donó $2,500 en efectivo al Comité del alcalde de San Juan, Romero Lugo, y otros $2,500 al Comité Municipal San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El primer donativo se realizó el 17 de julio de 2020, y el segundo se efectuó el 23 de julio del mismo año.

El reglamento de la OCE establece que los donativos por una persona natural no deben exceder los $2,800.

De igual manera, el partido político o algún comité autorizado, “no tiene que identificar un donante (conocido o anónimo) que done $50 o menos en un acto político colectivo”.

Sobre los donantes, la OCE exige que los comités registren nombre y apellidos, dirección postal o física, número de licencia de conducir o de tarjeta electoral u otra identificación emitida por el gobierno federal o estatal que incluya nombre y apellidos, foto, firma, dirección y código de seguridad.

La directora de la división de Asuntos Legales de la OCE, Sarah Rodríguez, aseguró en el juicio que el máximo a donar en efectivo es $2,800, y que de recibir “cash”, el candidato no puede gastar ese dinero de inmediato sino que tiene que ponerlo en su cuenta y de ahí usar cheques para cubrir gastos.

Lea:

Políticos condenan a contratistas corruptos, pero no devuelven sus donativos

Oficina del Contralor Electoral radica proyecto para controlar el «inversionismo político»