La jueza Iris Cancio González indicó que en vista de que se trata de un caso que ha ganado mucha notoriedad, se expresará por escrito «en un corto periodo de tiempo».

La jueza Iris Cancio González se reservó esta tarde el fallo sobre la vista contra el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, quien compareció este jueves ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras la negativa de su agencia de proveerle al Senado la información contributiva del abogado y contratista del gobierno, Antonio Sagardía de Jesús.

Cancio González indicó que en vista de que se trata de un caso que ha ganado mucha notoriedad, se expresará por escrito «en un corto periodo de tiempo».

La defensa del Senado planteó, siendo la voz cantante el abogado Miguel Rodríguez Ramos, que el Senado solo busca que el Departamento de Hacienda indique si Sagardía presentó documentos que certificaran las retenciones que hizo a abogados subcontratados, como W-2 y 480 por trabajar en asuntos relacionados a sus contratos gubernamentales.

“Un sí o un no”, dijo Rodríguez Ramos al referirse a lo que, alegadamente, ahora le piden a Hacienda que conteste. Entiéndase si Sagardía presentó las informativas en los años contributivos 2024 y 2025.

El gobierno sí cumplió con entregar al Senado los contratos de Sagardía y sus facturas.

También representaron al Senado los abogados Ramón Ramos Aponte y Héctor Medina.

Por Hacienda, Lorna María Rivera Franco y Wilda Irizarry Toro.

Cancio González replicó que sería difícil para el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, determinar si puede o no certificar que Sagardía presentó informativas ligadas a sus contratos gubernamentales, tomando en cuenta de que tiene una fructífera práctica legal tanto en lo civil como lo criminal. La complicación estriba en que las informativas no distinguen entre trabajo gubernamental o de otra índole.

La posición del Senado es que en los contratos de Sagardía con dependencias como la Autoridad de Energía Eléctrica y los departamentos de Familia y Educación hay cláusulas de que no puede subcontratar a menos que reciba una autorización para hacerlo.

Sagardía certificó al Senado que no subcontrató abogados o paralegales para rendir esos servicios.

“Se supone que no haya informativas”, dijo el abogado del Senado, Rodríguez Ramos. “Sería una sorpresa para el Senado”, agregó al referirse a una respuesta en la afirmativa de Pantoja.

La posición de Hacienda se centró en que las peticiones del Senado esbozadas hoy en la vista sobre la constancia de la presentación de informativas por parte de Sagardía no es la misma que la planteada, primero por carta y luego en un recurso legal. Ante el tribunal, el Senado por escrito pidió nombres de los abogados y entidades legales, entre otros detalles.

Hacienda sostiene que en las informativas 480 no se hacen distinciones en cuanto a dinero retenido por contrato.

Cancio González, de hecho, se preguntó si entregar la información solicitada violaría los derechos de intimidad de esos abogados, si es que existieran las informativas. Hacienda concurre con esa apreciación, pero Ramos Rodríguez trajo a colación que Hacienda nunca levantó ese reparo cuando se opuso al recurso legal del Senado.

Ramos Rodríguez también señaló que en el Código de Rentas internas, un documento que sale en la Legislatura, se prohíbe que una «persona» tenga acceso a información de los contribuyentes, pero que la Legislatura «no es una persona», dijo. «Levantar esta sección del Código de Rentas Internas no aplica», agregó. Aún si el tribunal determinara que, por «persona», se incluye a la Legislatura, Ramos Rodríguez afirmó que el legislador buscó proteger la confidencialidad del documento, no «la constancia» de que fue presentado.

Hacienda se niega a presentar los documentos, partiendo de la premisa de que se solicita información confidencial con las informativas y que se estaría violando la jurisprudencia, el Código de Rentas Internas y la Carta de Derechos del Contribuyente. El gobierno también reclamó que Sagardía no fue notificado adecuadamente por el Senado de que se pedía la información, pero la representación legal del cuerpo legislativa ripostó que el propio exsecretario de Justicia envió una carta al Senado indicando que no entregaría la información, por lo tanto, está enterado de las intenciones de la Cámara Alta.

De cualquier momento, según el Senado, no había que notificar a Sagardía de que se solicitaba la información porque no se trata de planillas o estados bancarios.

Además, el gobierno sostiene que la petición del Senado no incluye ni la pertinencia y la razonabilidad detrás de la petición de la información.