El ente fiscal mantuvo detenida y bajo evaluación la otorgación de un contrato para generación temporera de emergencia.

La Junta de Control Fiscal (JCF) mantuvo detenida y bajo evaluación la adjudicación de un contrato de generación temporera de emergencia a la empresa Power Expectations LLC, a la vez que reafirmó su capacidad bajo la Ley PROMESA para intervenir en procesos de contratación del gobierno que entienda van en contra de esa ley o los planes fiscales.

La movida había sido anticipada por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), cuyo presidente, Osvaldo Carlo Linares, acusó la semana pasada que la junta se extralimitaba con su intervención. Este proyecto propone instalar turbinas de gas en la central Aguirre para generar 400 de los aproximadamente 3,000 megavatios de generación temporera que el gobierno busca contratar.

Al notificar su decisión el viernes, la JCF publicó también la queja formal que le sometió 3PPO. En la misma aseguraron que la subasta que llevaron a cabo cumple y sobrepasa los requerimientos federales, que la junta no podía convertirse en un foro alterno para que proponentes no agraciados impugnen las subastas, que la “flexibilidad de negociación” que se ejerció en el proceso está anclada en órdenes ejecutivas de la gobernadora que establecen el estado de emergencia energética, y que el gobierno no asume otro compromiso económico que no sea comprar la energía.

¿Conflicto de interés en la Junta?
Carlo Linares levantó también que el coordinador de revitalización de la JCF, José Pérez Riera, es sobrino de Marcos Rodríguez Ema, un socio del bufete McConnell Valdés, representante de un proponente que ha impugnado el proceso, Javelin Global Commodities US Holdings, Inc. (“Javelin”). A principios de mes, un empleado de la JCF comentó en exclusiva para Noticel que, “aquí adentro [en referencia a la JCF] hay compañeros empleados que por su relación de amistad y familiar comparten información interna con gente interesada en los temas que atienden. Inclusive, se ha pedido a entidades interesadas que colaboren en la redacción de las cartas de aprobación o denegación de algún contrato. La influencia de cabilderos, de entidades del sector privado y asociaciones profesionales es brutal”.

Robert Mujica, director ejecutivo de la JCF, rechazó que esté avanzando los intereses de proponentes descontentos y afirmó que tomaron medidas, que no detalló, para que no hubiera conflicto real o aparente con Pérez Riera en este asunto. Advirtió que esperaban que no fuera necesario llegar al punto de ordenarle al gobierno no ejecutar el contrato de Power Expectations. Sin embargo, los cuestionamientos de la JCF se asemejan a los esbozados por Javelin empresa que sometió propuesta y fue igualmente seleccionada, pero no aceptó las condiciones contractuales. Javelin es representada por el bufete McConnell Valdés.

Carlo Linares urgió al ente fiscal a “recalibrar su involucración, reconociendo los límites de su autoridad supervisora”, para dar paso al contrato.

Mujica, le contestó que la acusación de que se exceden en su intervención no cuadra con el “lenguaje claro y el propósito” de PROMESA y que él debe saberlo porque ya tuvieron ese tipo de intervención durante la adjudicación del contrato de suplido de gas a largo plazo a la empresa New Fortress Energy. Después de detenerlo varias veces, la Junta acabó aprobando ese acuerdo con modificaciones sustanciales, pero con preocupaciones que se quedaron sin atender debido al riesgo de dejar a la red eléctrica sin ese combustible.

A pesar de que la comunicación del viernes no es una decisión final, sino un requerimiento adicional de información, Mujica resumió las banderas que la transacción ha levantado hasta ahora.
“Aunque la carta de 3PPO menciona que el contrato propuesto no representa riesgo para el pueblo de Puerto Rico, la documentación provista muestra que Power Expectations, LLC tiene capacidad financiera limitada y experiencia limitada con proyectos de energía a gran escala del tipo del que sería responsable bajo el contrato propuesto. Más aún, la documentación levanta preocupaciones sobre el principal de la compañía, incluyendo asuntos de trasfondo que la 3PPO indica que no fueron divulgados durante el proceso de adjudicación”, indica la carta.

Responde Power Expectation a argumentos de falta de experiencia
Ante los recientes cuestionamientos sobre su experiencia y capacidad financiera, el presidente de Power Expectations LLC, Landon Gallagher, salió al paso para esclarecer y reafirmar la solidez del consorcio encargado del desarrollo del proyecto de energía temporera requerido por el Gobierno.

Gallagher explicó que Power Expectations es un consorcio conformado por tres compañías con amplia experiencia en el sector: Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contracting. “Cada una aporta capacidades diversas y especializadas, lo que nos permitió presentar al Gobierno la mejor alternativa disponible. Nuestra propuesta fue seleccionada en dos ocasiones y ha sido validada por la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía”, destacó el presidente de la empresa.

Frente a las críticas sobre la experiencia del consorcio, Gallagher detalló que Power Expectations se apoya en una red robusta de cinco empresas interconectadas, especializadas en servicios industriales, comerciales, generación eléctrica y servicios eléctricos en Florida. “Contamos con más de 100 años de experiencia combinada y hemos entregado conjuntamente más de 3,000 proyectos, incluyendo el monitoreo y mantenimiento de más de 5,000 unidades”, puntualizó.

Acerca de Enchanted Rock, Gallagher afirmó que es un proveedor líder de soluciones eléctricas críticas en sitio, con una trayectoria que abarca proyectos que suman más de 2,800 megavatios distribuidos en más de 400 instalaciones activas, con una tasa de confiabilidad combinada de 99.9%. “Además de su capacidad de manufactura, Enchanted posee una destacada capacidad en diseño de ingeniería para optimizar sistemas basados en perfiles de carga, tipos de combustible y prioridades operativas, integrando generadores de gas natural, almacenamiento en baterías y fuentes renovables, no hay nadie como ellos en los Estados Unidos”, agregó.

En cuanto a Reyes Contracting, LLC, dijo que es una empresa local con profundas raíces en infraestructura eléctrica y despliegue de sistemas de energía. “El equipo de Reyes supervisa los trabajos de construcción, instalación y puesta en marcha, coordinándose con una red de subcontratistas locales para garantizar un desempeño seguro y eficiente”, explicó Gallagher.

Para complementar este grupo de empresas, Sapphire Gas Solutions se ha unido como proveedor de combustible. “Esta empresa ha facilitado el acceso integral a gas natural a nivel nacional y es un líder orientado a soluciones en transporte de energía y servicios de energía renovable”, concluyó el ejecutivo.

“Resulta curioso que la Junta tenga estos cuestionamientos ya que nuestra propuesta detalla de forma clara todos los fundamentos de experiencia y fiscales que apoyan nuestra solución energética”, puntualizó Gallagher.

Modelo financiero de miles de millones
El requerimiento de información de la Junta, que tiene plazo de entrega para el 28 de febrero, da cuenta de que Power Expectations, LLC había sido colocada en el último lugar de evaluación de las tres empresas que comparecieron y que el valor del proyecto que se le adjudicaría es 100 veces el ingreso anual actual que reporta la empresa.

Respecto a las dudas sobre la capacidad financiera para completar el proyecto energético, Gallagher expresó su sorpresa, pues “el Consorcio ha presentado abundante información respecto a cómo financiará sus operaciones”. Según explicó, han sometido en múltiples ocasiones un modelo financiero elaborado con Arbitrage Business & Loan, LLC y respaldado por Lloyd’s of London, que asegura una línea de crédito por $6.75 mil millones para proveer liquidez inmediata para la movilización, adquisición de equipo y despliegue, con desembolsos estructurados que suman aproximadamente $6.24 mil millones tras la ejecución del contrato.

Finalmente, Gallagher aclaró que el proyecto energético propuesto “no requiere fondos del gobierno local ni federal, no afecta el plan fiscal, no impacta negativamente las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica, no representa ninguna carga para el pueblo, y ni siquiera exige que el Gobierno les compre energía”.

Conectados a cabilderos infiltran la Junta de Control Fiscal