La orden no establece qué ocurrirá con las máquinas que se conocen como máquinas con “limitaciones tecnológicas” luego de que transcurra el primer año de transición.

Una orden emitida por la Comisión de Juegos de Puerto Rico en que se establecen las fechas clave para que finalmente las máquinas tragamonedas se conecten a la dependencia gubernamental ha levantado preocupaciones entre sus operadores, denunció el abogado Graciani Betancourt.

Las máquinas tragamonedas fueron legalizadas en el 2018.

El documento, con fecha del 11 de diciembre, indica que el periodo de interconexión comenzará el 14 de enero para las llamadas “máquinas de juegos de azar en ruta”. En síntesis, eso significa que estas máquinas podrán reportar tanto el dinero introducido como los premios pagados. La orden también señala que los operadores, dentro de un periodo de 90 días a partir del 14 de enero, deberán suscribir contratos con los proveedores de sistemas de interconexión, presentar a la comisión copias de esos contratos e iniciar el proceso de interconexión.

Betancourt indicó a NotiCel que cinco empresas están facultadas a realizar ese trabajo y otras cuatro está en proceso de certificarse.

No obstante, señaló que la orden no establece qué ocurrirá con las máquinas que se conocen como máquinas con “limitaciones tecnológicas” luego de que transcurra el primer año de transición, que se cumpliría en abril del 2027. Cada operador tendrá que desembolsar cerca de $110,000 para instalar el software requerido para garantizar la transmisión de datos y sostuvo que no está claro qué pasará a partir de abril de 2027 con las máquinas con “limitaciones tecnológicas” que solo pueden reportar información básica de ingresos y premios pagados.

“La orden de la Comisión solo se concentra en el periodo de transición y no establece qué pasará luego de abril de 2027, cuando culmina ese término ni establece que las máquinas con limitaciones tecnológicas podrán operar al culminar el periodo de transición. La orden tampoco dispone cuáles son los tipos de máquinas que los operadores pueden adquirir una vez comence la transición”, indicó Betancourt, quien representa a 30 de 110 operadores de estos termnales tan populares en barras, cafetines, gasolineras y colmados.

Desde el verano, Betancourt ha intentado obtener respuestas de la Comisión de Juegos sobre este asunto, pero sin éxito. De hecho, sostuvo que nunca le fue contestada una carta del 25 de julio que le escribió a Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos, levantando algunas de estas preocupaciones.

NotiCel hizo un acercamiento a la Comisión de Juegos este pasado martes, pero no había recibido respuestas al publicarse la historia.

“Les han informado que las máquinas con limitaciones tecnológicas solo podrán operar durante el periodo de transición, pero no luego de culminar dicho periodo”, sostuvo Betancourt al referirse a conversaciones entre empleados de la Comisión de Juegos y algunos de sus clientes.

Indicó que el 90% de las máquinas en la isla que cuentan con licencia (unas 23,000) son definidas como máquinas con limitaciones tecnológicas y que, por ley, pueden seguir operando. Solo hay en operación unas 1,500 de nueva tecnología -valoradas en $15,000- y no habría suficiente oferta para reemplazar las más viejas. Estos aparatos más modernos brindan información adicional como el tipo de premio otorgado al usuario y las ocasiones en que la máquina es abierta. También tienen dispositivos adicionales de seguridad.

Betancourt criticó que la Comisión de Juegos se limitara exclusivamente a anunciar la fecha de la transición, sin precisar qué máquinas podrán funcionar y cuales se podrán adquirir.

“La orden es ambigua; no provee la información suficiente que necesita la industria en estos momentos para poder operar durante el periodo de transición y una vez culmine. Esto es importante, pues la transición solo dura 1 año, mientras que la permanencia operacional ocurre luego de ese año”, dijo Betancourt.

Según indicó, por concepto de marbetes esta industria aporta $10 millones anuales, más la jugada (22.5%), que genera unos $30 millones, para un total de $40 millones anuales. Parte del dinero recaudado ahora será destinado al Fideicomiso de Retiro de los Policías.

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