El Cuerpo de Ingenerios de los Estados Unidos aún no ha otorgado los permisos del propuesto gasoducto cuando en poco más de una semana pudiera darse a conocer qué compañía estaría a cargo de suplir las tuberías que se extenderán por 92 millas desde el sur al norte de la Isla. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lanzó la convocatoria a finales de enero con el fin de oficializar un contrato para mediados de marzo.

‘La rapidez de estos procesos genera sospecha de a quién realmente están representando, si protegen los intereses privados o los públicos. El proceso atropellado no permite la libre competencia de todos los posibles suplidores’, denunció el portavoz de la organización comunitaria Casa Pueblo, Arturo Massol.

La solicitud de propuesta se anunció entre el 31 de enero y el 7 de febrero. No obstante, para poder ser considerado como un proyectista era compulsorio asistir a una reunión de orientación. Entonces, se proveería un plazo de tan solo 20 días -que vence el próximo lunes- para someter las propuestas con la suma global del estimado del trabajo y una lista detallada de todos los materiales necesarios para el mega proyecto.

Según lee la solicitud de propuesta, ‘el proyecto se desarrollaría en total cumplimiento con todas las leyes aplicables, reglas y regulaciones relacionadas a los estándares ambientales y de seguridad operacional’.

El Cuerpo de Ingenieros ha manifestado que no tiene prisa por terminar la evaluación correspondiente a Vía Verde. Esto, luego de que exigieran -en dos ocasiones- a la AEE someter documentos adicionales a la Declaración de Impacto Ambiental. Particularmente, por recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), ambas federales.

De la convocatoria también se desprende que el proyecto se desarrollará a través de un proceso expédito en virtud de la Orden Ejecutiva que declaró una emergencia energética. Sin embargo, la Orden venció el pasado 19 de enero y hay un proyecto de ley que persigue extenderla.

Para Massol ‘al no tener la extensión de la Orden de emergencia energética, este proceso comenzó en violación a las leyes que rigen la otorgación de subastas. Si las Cámaras aprueban la extensión de la crisis y el Gobernador (Luis Fortuño) la firma de manera retroactiva, entonces la ley tendría el efecto de encubrir la ilegalidad de este proceso expédito’.

El documento de la AEE establece el 18 de marzo como la fecha final para oficializar el contrato con la compañía que se encargará de suplir las tuberías del gasoducto. De no poder seguir con el contrato, la Autoridad deberá pagar una compensación a la empresa.

‘Si este contrato es terminado, el contratado debe ser compensado por los gastos actuales, razonables y necesarios causados por dicha terminación’, reza la solicitud de propuesta.

A pesar de las gestiones realizadas por NotiCel, como en repetidas ocasiones, el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, no estuvo disponible para una reacción.