La jueza superior Ada López Santiago, quien como jueza municipal no encontró causa contra el exgobernador Pedro Rosselló por el robo de su pensión ‘Cadillac’, fue objeto esta semana de una fuerte crítica del juez federal José A. Fusté, precisamente por no encontrar causa en un caso criminal de robo y posesión de arma de fuego.

López Santiago, asignada ahora a la región de Fajardo, no encontró causa el miércoles contra Joaquín Cruz Jiménez por intento de robo de un tractor y Ley de Armas. Cruz es un convicto federal bajo probatoria, por lo que ya el jueves estaba frente a Fusté enfrentando una solicitud de revocación de fianza. Para revocar la fianza, el juez debe determinar si el sujeto cometió un delito, lo cual Fusté hizo con la misma prueba que el miércoles tuvo ante sí López e, incluso, después de escuchar una grabación de la vista ante López. Cruz fue sentenciado ayer a cuatro años de cárcel.

‘Todavía estoy turbado tras haber escuchado la grabación de la vista preliminar y de cómo fue manejada. Es increíble… el hecho es que un individuo que entró en una propiedad privada, que estaba en proceso de llevarse un tractor de alguien más, que no tenía ningún documento para probar que era de él, lo menos que puede decirse es que intentó robarlo. Que confesó que tenía un arma ilegal, que estaba cargada y a pesar de esto no encontrársele causa probable es chocante’, dijo Fusté, según citado en El Vocero.

Expresiones similares hizo en diciembre de 2006 el exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, cuando López emitió su fallo de no causa en la vista de causa para arresto contra Rosselló.

‘Estoy indignado y estoy ciertamente molesto porque esto representa un golpe a todos los que aspiramos a que el sistema de justicia criminal trate por igual a todo el mundo’, dijo en aquella ocasión el funcionario al recalcar también que la prueba en el caso de la pensión era ‘robusta y contundente y que satisface por mucho el criterio de esta etapa y el criterio más allá de duda razonable’.

Este tipo de reacción le valió incluso una queja ética ante el Tribunal Supremo por supuestamente mancillar la imagen de la Rama Judicial de Puerto Rico.

López llegó a la judicatura como un nombramiento del propio Rosselló y antes había sido oficial legal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

En un segundo intento contra Rosselló, al exmandatario le volvió a favorecer un dictamen de no causa, en esa ocasión final fue por parte de la jueza Isabel Llompart, la misma que ahora tiene ante sí el caso por corrupción contra el exsenador Jorge de Castro Font.