El gobernador Ricardo Rosselló solicitó esta tarde la renuncia del secretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, después de que este denunciara en la mañana ser víctima de una ‘mafia institucional’ en el gobierno.

‘Lo remuevo porque hay una serie de imputaciones serias que nosotros como gobierno debemos tomar acción sobre ellas y que se deben trabajar con las entidades pertinentes. Unas acciones que se dilucidaron en los medios sin trabajarla o sin notificar sobre estas acciones a las entidades pertinentes dentro del gobierno’, explicó Rosselló Nevares en rueda de prensa en la Fortaleza.

‘Por lo tanto, lo mínimo que yo esperaría es que si hay alguna irregularidad en una agencia y un jefe de agencia así lo ve que lo informe, como mínimo, al secretario de la gobernación para nosotros poder entonces tomar el curso justo de todas estas investigaciones’, añadió el Primer Mandatario.

Ante la solicitud de renuncia, el Gobernador designó como secretario de Hacienda interino al segundo de Maldonado en la agencia, Francisco Parés, y como CFO a Christian Sobrino, quien actualmente es su representante ante la Junta de Control Fiscal (JCF), el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y ahora también asume la dirección interina de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ante la designación, Sobrino expuso que ‘continuaré trabajando ininterrumpidamente todos los asuntos que se me han encomendado’. De igual modo, priorizó el proceso de certificación del presupuesto de Puerto Rico indicando que ‘continuará su curso’. Particularmente, en las pasadas semanas se había cuestionado que Maldonado Gautier tomara vacaciones cuando el presupuesto era discutido en la Cámara de Representantes.

Minutos después del anuncio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, remitió declaraciones informando el recibo de una misiva, por parte del Gobernador, en la que se anunciaba el nombramiento de Parés como titular de la agencia. ‘En cumplimiento con la Constitución y las leyes del gobierno de Puerto Rico y al amparo de lo impuesto en los artículos 172 y 173 del Código Político, según enmendada, me place someter para el consejo y consentimiento del Senado la designación del CPA, Francisco A. Pares Alicea, como secretario interino del Departamento de Hacienda’, reza la comunicación de parte de Rosselló Nevares.

Durante la mañana del lunes el secretario Maldonado denunció en entrevista radial la existencia de un esquema de extorsión por parte de una ‘mafia institucional’ en su contra tras iniciar una investigación federal por prácticas ilegales llevadas a cabo por funcionarios del Departamento de Hacienda (DH). Maldonado dio a conocer la existencia de estas prácticas dentro del DH luego que acudiera al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el pasado jueves tras la polémica que suscitó por las investigaciones federales contra el DH, la Administración de Servicios de Salud (ASES), el Departamento de Educación (DE) y la firma de contabilidad BDO, que provee servicios para estas y otras agencias gubernamentales.

‘Al comienzo de nuestra administración procesamos funcionarios en conjunto con el FBI. Estas investigaciones continúan su curso. Desafortunadamente se extienden a funcionarios que han tratado de extorsionarme y han entrado ilegalmente a los récords de pasados clientes míos de cuando estaba en el sector privado. Alegadamente manipulando la documentación en el sistema’, expresó Maldonado en el documento.

De acuerdo al titular de Hacienda ya dos personas han sido procesadas y ‘actualmente tenemos alrededor de 15 a 20 que estamos todavía revisando. Próximamente culminará esa investigación’.

‘Es una mafia institucional de muchos años en los cuales se había mantenido esto como un negocio. Te doy una multa, la borra y te doy una licencia. Esos son los casos que procesamos hace unos años’, reveló Maldonado en entrevista con WKAQ.

Se trata de la segunda salida de un secretario de Hacienda en los dos años y medio que lleva la Administración Rosselló ya que la exsecretaria Teresita Fuentes renunció también en medio de denuncias suyas sobre trámites sospechosos en la estructura de gobierno. Con la salida de Maldonado, el Gobernador pierde al funcionario más crucial de la administración en cuanto a los temas y agencias que manejaba y lo pierde después de haberlo defendido, y recompensado, cuando el funcionario enfrentó cuestionamientos más temprano este año por contratos que se extendieron en Hacienda y por la involucración de su hijo con contratistas públicos.

Reaccionan legisladores de minoría

Por su parte, el representante Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez emplazó a Maldonado a que revelara los nombres de las personas que lo amenazan.

‘Sin en realidad él tiene información fiable sobre estos actos, que haga público los nombres de estos funcionarios y realice inmediatamente los respectivos referidos a las autoridades estatales de Justicia, Ética Gubernamental y aquellas con injerencia en este tipo de esquemas de corrupción gubernamental’, expresó Hernández.

Mientras que el representante Manuel Natal presentó una medida para investigar las alegaciones.

‘La admisión del propio secretario de Hacienda de actos de corrupción en su departamento deberían movilizar al Departamento de Justicia, al Contralor, a Ética Gubernamental y a todas las agencias que tienen el poder y las herramientas para investigar dicha situación, a evaluar las acusaciones y tomar acción. Al momento, ninguna de esas entidades se ha expresado y el propio gobernador Rosselló ha permanecido silente. La Asamblea Legislativa no puede permanecer cómplice de la corrupción. Urge abrir una investigación’, exhortó Natal.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático, Anibal José Torres, instó al gobernador atender la situación y las alegaciones de corrupción en Hacienda.

‘El Gobernador no puede optar por establecer distancias y callar para ver si el ciclo noticioso cambia de tema. La ausencia de credibilidad de la administración Rosselló le ha hecho demasiado daño a Puerto Rico. De mentiras sobre gestiones administrativas, decisiones que provocan daño a nuestra economía y logros fabricados, ahora ha escalado la situación a denuncias de venta de influencias, extorsión y soborno dentro de la misma administración y en los más altos niveles de la gerencia pública’, expresó Torres en declaraciones escritas.