Grupos en Puerto Rico opositores a la pena de muerte expresaron hoy martes su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de avalar el uso de un polemico sedante utilizado en las inyecciones letales, lo que garantiza la continuidad de esta práctica en el país norteamericano.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte repudiaron en sendos comunicados de prensa la resolución del máximo foro judicial de EE.UU. en torno al uso de midazolam, un sedante que algunos estados utilizan en sus inyecciones letales.

El presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, indicó en el comunicado que ‘el Tribunal Supremo federal básicamente decidió que no hay otras alternativas menos inhumanas’ al uso de este ‘veneno’ en las ejecuciones que administran algunos estados.

‘Es insostenible que se permita el uso de una sustancia que ha probado ser un castigo cruel e inusitado en la administración de una mal llamada justicia’, enfatizó Bimbela sobre la droga que paraliza los músculos y detiene el corazón a la persona que se le inyecta.

Por su parte, el presidente de la Comisión sobre Pena de Muerte del Colegio de Abogados, el licenciado Kevin Miguel Rivera Medina, añadió que la decisión que tomó el Tribunal Supremo estadounidense ‘es inhumana y contracorriente’.

Según él, los estados miembros de EE.UU. ‘están volviendo a métodos más trágicos y crueles para aplicar la pena’, lo que para él ‘constituye un retroceso adicional en los derechos civiles de ese país’.

‘Cuando el Gobierno se convierte en un asesino cruel, su ciudadanía ya ha perdido bastante y no lo diferencia mucho del acto que deseamos condenar’, señaló Rivera.

En tanto, desde la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, Evelyn Román-Montalvo opinó que la decisión del Supremo ‘representa un claro retroceso en la lucha de los derechos humanos’.

A su opinión se sumó la de Ariadna Godreau-Aubert, de la misma organización, quien dijo que la determinación del foro ‘puede servir para justificar que el Estado asesine de formas cada vez más cruentas y terribles, para el disfrute de quienes creen en castigar en lugar de rehabilitar’.

Puerto Rico abolió la pena de muerte por ley en 1929 y la prohibió en su Constitución en 1952, por lo que pese a ser un territorio de EE.UU. la pena capital no puede aplicarse en su suelo.

El caso más reciente en el que un puertorriqueño se vio cerca de la pena capital fue el de Alexis Candelario Santana, declarado culpable en marzo de 2013 en un juicio federal por la muerte de ocho personas, aunque la falta de unanimidad del jurado impidió su ejecución, que hubiera tenido que celebrarse en EE.UU.

Los jurados en Puerto Rico han rechazado imponer la pena de muerte en todas las instancias en las que la Fiscalía federal la ha solicitado, imponiendo la cárcel de por vida a quienes han sido declarados culpables.