El secretario de Justicia, Cesar Miranda, admitió que ha dejado a un lado la propuesta del Gobernador Alejandro García Padilla de demandar a las casas acreditadoras para concentrar su esfuerzos en el pleito legal en el cual los bonistas de varias firmas impugnan la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, mejor conocida como la ley de quiebra criolla.

Las firmas demandantes son Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds y los de Blue Mountain Capital Management

‘De nuevo es un tema un poco incómodo. No vamos a llevar una acción si no hay un resultado útil para Puerto Rico…No vamos a llevar una acción por el mero hecho de llevarla sino porque debe ser conveniente al país’, dijo en entrevista exclusiva con este diario.

Aunque hay fundamentos para una acción legal contra las casas acreditadoras porque Puerto Rico ha sido diligente en lidiar con sus problemas fiscales, Miranda no pudo decir categóricamente a NotiCel si se concretará el litigio y añadió que ha pedido que se hagan propuestas legislativas para fortalecer la capacidad del gobierno de Puerto Rico de demandar a las casas acreditadoras.

Si se procede con la demanda contra las casas acreditadoras, la agencia está inclinada a utilizar la causal de acciones negligentes ya que es la más sólida. Bajo la ley local, las casas acreditadoras habrían actuado negligentemente cuando el gobierno les proveyó información financiera y fiscal que ellos dieron por buena y luego actuaron de forma contraria en relación a la información que aceptaron.

Si la agencia opta por esa causa legal, el gobierno tendría un año para decidir si finalmente va o no a los tribunales. ‘Tenemos tiempo’, dijo.

También se está explorando la alternativa de hacer una reclamación por la vía administrativa en vez de ir a los tribunales, dijo Miranda.

La agencia no visualiza demandar a las casas acreditadoras por violación de contratos porque el único que lo podría hacer es el Banco Gubernamental de Fomento. Tampoco se utilizará como base las leyes que protegen a los consumidores porque Miranda dijo que Puerto Rico no tiene una ley de Actos Engañosos como la que existe en Connecticut y que permitió a ese estado demandar a las casas acreditadoras porque no hicieron su labor para impedir la caída del mercado de hipotecas.

‘Estoy pidiendo que se apruebe una ley que nos dé un poco más de garras con esto de las casas acreditadoras’, sostuvo.

Miranda dijo que la prioridad de la agencia es lidiar en los tribunales con las impugnaciones radicadas en contra la ley de quiebra criolla ya que la misma es necesaria, tiene controversias complicadas y demandantes importantes.

Las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds poseen $907.1 millones y $821.4 millones respectivamente, en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, entidad que se prevé pueda acogerse a la quiebra criolla. Blue Mountain, que radicó una demanda separada, tiene $400 millones en deuda de la AEE.

Las firmas alegan que la mencionada Ley 71 fue aprobada de forma ilegal, que viola la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico que prohíbe que el Estado Libre Asociado apruebe leyes que afecten sustancialmente las obligaciones contractuales y que ley federal prohíbe a Puerto Rico, al igual que a los estados, promulgar sus propias leyes de quiebra. Las demandas también alegan que hay un ‘taking’ o confiscación de bienes de los bonistas.

‘Es un pleito interesante y complejo’, dijo.

El ELA está argumentando que las demandas son prematuras y que la Ley 71 es necesaria porque Puerto Rico no puede acogerse a la ley de quiebra federal.

De hecho, Miranda recalcó que las negociaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica y un consorcio de bancos para posponer ciertos pagos de deuda no se estarían dando si no existiese la Ley 71.

De otra parte, Miranda dijo que el hecho de que el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, haya radicado legislación para que Puerto Rico pueda usar la ley federal de quiebras para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas es muestra de que la ‘quiebra criolla’ hace falta.

‘Entiendo que nuestro caso está bien fundamentado’, dijo.

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