Las últimas semanas han sido sumamente difíciles para Puerto Rico. Hemos visto denuncias de corrupción, arrestos de oficiales del gabinete de la administración, y la renuncia de varios integrantes del gobierno tras escándalos de comportamiento inapropiado. Las denuncias, investigaciones y arrestos, llevados a cabo por el FBI y otras agencias federales y estatales, se producen en un momento terrible. Refuerzan una percepción bipartita en Washington de que el gobierno de la isla no ha podido erradicar un problema de corrupción que ha crecido hace decadas.

Puerto Rico aún se recupera del impacto del huracán María hace casi dos años. Miles de millones en fondos federales para la recuperación, absolutamente necesarios para cumplir los objetivos de recuperación económica, aún no se han liberado, en parte debido a preocupaciones federales sobre cómo se utilizarán. Puerto Rico aún necesita – de manera desesperada – los fondos para la reparación de la infraestructura crítica afectada por años de negligencia y daños causados ​​por huracanes. Pero el gobierno federal no puede asumir el costo total y, por lo tanto, espera que el capital privado tenga un rol sustancial. Estos inversionistas privados están – con buena razón- nerviosos y reacios a invertir en una isla sumida en investigaciones federales de escándalos de corrupción, sin el respaldo del Gobierno Federal. Puerto Rico se encuentra en una situación sin fin, donde la falta de confianza federal en el gobierno local impide el desembolso de los recursos de recuperación que desbloquearán la inversión privada que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico tan desesperadamente necesitan.

La única solución viable es un concepto de Transparencia Radical para Puerto Rico. Durante mi reciente testimonio en el Congreso estadounidense, aborde una iniciativa de transparencia en particular: la creación de una Oficina de un Coordinador Federal de Recuperación para Puerto Rico para acelerar el desembolso de los fondos de recuperación. Un grupo creciente bipartita (funcionarios públicos, inversionistas, promotores, ejecutivos federales, legisladores) hemos traído esta opción al Congreso de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, al Departamento Federal de Vivienda y a otras agencias federales. El concepto es simple: cada vez que el gobierno de Puerto Rico considera proyectos financiados con fondos federales de recuperación, el gobierno federal tiene un representante principal en la mesa para comprender completamente cómo se otorgan estos fondos. Nada más y nada menos.

El Coordinador Federal no es otro paso burocrático: es un agente catalítico, con una visibilidad profunda en el proceso de adquisición de Puerto Rico, que determina si los fondos federales se asignan de manera adecuada y transparente a las partes que más lo merecen. Si el Gobierno de Puerto Rico toma medidas activas para encontrar y exponer la corrupción, el Coordinador Federal actuará como defensor y partidario, compartiendo esa información con el Gobierno Federal, las partes interesadas, los líderes empresariales, los medios de comunicación y a los proveedores del capital financiero. Del mismo modo, si el Coordinador Federal descubre que las adjudicaciones de los contratos no son netamente transparentes, la oficina tendrá el poder de informar tal actividad a las Agencias Federales, el Senado, el Congreso, los medios de comunicación y los proveedores de capital. Sería el deber de esas partes interesadas aplicar las acciones debidas en el momento debido. Este Coordinador Federal trabajaría en estrecha colaboración con la Junta de Supervisión Fiscal y las agencias federales que proporcionan fondos de recuperación para Puerto Rico. La implementación de esta ‘presión de luz’, un concepto que los ciudadanos privados y la gran mayoría de los empleados del gobierno de Puerto Rico acoge con entusiasmo, es una de las soluciones necesarias para sobreponer los problemas de la isla.

Como Maquiavelo y Churchill dijeron tan perspicazmente: ‘Nunca desperdicies la oportunidad brindada por una buena crisis’. La historia le ha brindado al Gobierno de Puerto Rico una oportunidad perfecta para recuperar la confianza del gobierno federal al ‘abrir los libros’ incondicionalmente y divulgar todos los procesos de adquisición del gobierno, y aplicarle presión de transparencia a procesos históricamente opacos y que han existido por decadas. El gobierno puede dar la bienvenida, con brazos abiertos, a una supervisión federal total para todos los fondos de recuperación para la isla. El gobierno se está quedando sin otras opciones. Hacer lo correcto – instituir una transparencia incondicional y agresiva – no será fácil. Pero será lo correcto, lo único, que tiene la esperanza de restablecer la confianza entre las partes interesadas federales. Es la única opción restante para crear el futuro económico digno que merece el pueblo de Puerto Rico.

*El autor es el presidente del Grupo Atabey, una entidad de asesoramiento centrada en inversión etica en mercados emergentes. Es un hijo de Puerto Rico, ex ejecutivo del mundo de negocios, coronel retirado de la Fuerza Aerea y veterano de combate. Hasta el principio del 2019 se desempeñó como Coordinador de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Ha testificado dos veces ante el Congreso sobre la reconstrucción de la red electrica de Puerto Rico y la necesidad de una reforma estructural generalizada del Gobierno de Puerto Rico.