La Administración Fortuño, a traves de distintas agencias, concentró sobre $800,000 en el bufete washingtoniano Wilmer, Cutler, Pickering, Hale and Dorr, que, con tarifas de hasta $950 la hora, está tratando de que la Policía no sea colocada en sindicatura, y peleando para que el Tribunal Federal le otorgue voto presidencial a los puertorriqueños.

NotiCel identificó el bufete y localizó los contratos después de que La Fortaleza se negara a atender solicitudes a ese efecto.

Los contratos suman $1 millón y son con el Banco Gubernamental de Fomento ($350,000), el Departamento de Justicia ($150,000, y las facturas las revisa la Administración de Asuntos Federales), y la Policía ($500,000). Ninguno detalla los asuntos, pero fuentes y documentos públicos ayudan a identificar que manejan la intervención del Gobierno en el caso federal por el voto, y que subcontratan a Robert Warshaw, el gurú con el que la Policía espera evadir la investigación del Departamento de Justicia federal que se dirige a colocar a la uniformada en una especie de sindicatura por sus repetidas violaciones de los derechos civiles y por su incapacidad para autoregularse.

El contrato con la Policía está firmado el 12 de octubre de 2010, el mismo día que el Centro de Periodismo Investigativo