El Tribunal de Apelaciones y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) permanecerán tres meses más en sus actuales facilidades para finiquitar un pleito con su actual arrendador, a la vez que continúan los planes de mudanza a un edificio de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

La directora de la OAT, Isabel Llompart, dijo que luego que Cecort Realty Development (CRD) perdiera sus reclamos contra la Oficina en el tribunal federal y estatal, se llegó a un acuerdo en mayo para permitir que el Tribunal de Apelaciones y la agencia permanezca alrededor de tres meses más a un costo de $360 mil de renta mensual. La OAT y Tribunales pagaban sobre el millón de dólares en renta por los dos edificios.

Según Llompart, CRD accedió a no continuar el litigio a cambio de que el Tribunal de Apelaciones y la OAT permanecieran varios meses más, medida que era necesaria debido a retrasos en la mudanza. No obstante, la mudanza se está llevando en etapas y esperan completar la misma a World Plaza, un edificio de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), para agosto.

CRD construyó los edificios de la OAT y de Apelaciones hace más de diez años a un costo de $80 millones. Los demandantes y la OAT tenían un contrato de arrendamiento de los dos edificios por un plazo de 30 años. Apelaciones comenzó a ocupar las oficinas en el 2003 y la OAT en el 2005.

Llompart sostuvo que la cancelación del contrato conlleva ahorros de $10 millones a los tribunales en momentos en que enfrenta recortes de unos $60 millones.

Tras la cancelación, CRD demandó alegando que las acciones tomadas por la OAT al cancelar el contrato eran ‘arbitrarias y caprichosas’ y que le privaba de sus intereses patrimoniales protegidos bajo la Constitución estadounidense. Cecort, en su demanda, alegó que el contrato de arrendamiento no prevé la cancelación unilateral del mismo antes de la expiración de su respectivo término sino que se puede hacer luego de los primeros diez años. De lo contrario, la OAT tiene que esperar al final de los segundos diez años. En todo caso, tenía que informar con 360 días de anticipación que no continuaría con el arrendamiento. La OAT no informó en el 2013 que quería terminar el arrendamiento.

El juez José Fusté, sin embargo, concluyó que el arrendamiento era ‘nulo’ y que el contrato fue cancelado de forma apropiada. El Juez destacó que el acuerdo de arrendamiento era contrario al orden público porque se hizo a largo plazo y no se efectuó una subasta pública.

Por otro lado, Llompart nuevamente reiteró que el recorte de $61 millones afectará seriamente las operaciones de la Rama Judicial y que al enfrentarla con la del presupuesto vigente, el recorte en dos años sería de $115 millones. Añadió que a pesar de los ahorros que ha hecho la OAT mediante cierre de salas y otras medidas de ahorro, los gastos de la rama se estiman en $361 millones, lo que representa una insuficiencia de $33 millones. Eso resultaría en más cierres de tribunales, cerrar las salas de investigaciones en las noches y los fines de semana, relocalizar las sala de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón; y reducir la aportación patronal al Sistema de Retiro. La Oficina también se vería obligada a reducir la jornada laboral.

Entre las salas que se cerrarían están Aguada, Barceloneta, Isabela, Lajas, Toa Baja, Barranquitas, Corozal, Dorado, Hatillo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, y Trujillo Alto.

‘El panorama para el año fiscal 2015-2016 se presenta mucho más sombrío. El presupuesto para la Rama Judicial es de $315 millones. Ello implica una reducción de 16.5% o $61.1 millones con respecto al presupuesto correspondiente a la Rama Judicial por fórmula’, dijo Llompart.

Sobre los jueces y el cierre de salas, dijo que los jueces siguen asignados a sus puestos, pero se movieron a otras salas. Agregó que actualmente Tribunales necesita 13 jueces superiores, cinco municipales y tres de apelaciones. Tampoco ha habido despidos en la Rama, pero se han cancelado sobre $16 millones en contratos.