El expresidente de la Cámara de Representantes, Jose Aponte Hernández, denunció el martes un alegado esquema para eliminar millones de dólares en facturas a clientes de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) mediante la destrucción de data computarizada.

‘Estamos consternados al recibir información que apunta a la comisión de posibles actos de negligencia que rayan en delitos, al destruir data sensitiva archivada en los sistemas electrónicos del Fondo del Seguro del Estado. Ante esto, esta tarde estamos exigiendo explicaciones sobre esta aparente pero seria actuación’, señaló el líder estadista a través de un comunicado de prensa.

Según Aponte Hernández, recibió información de que el pasado 24 de febrero de 2014el director Asociado de los Sistemas de Información de la CFSE, Víctor Maldonado, ordenó borrar el disco duro donde se encontraban archivadas las facturas de los clientes de esta entidad gubernamental sin que se realizara un ‘backup’ (copia respaldo).

Según el también secretario general del PNP, información obtenida indica que la suma de las factura guardadas en el disco duro pudiese rondar aproximadamente $14 millones.

Aponte Hernández dijo que también se alega, que una vez la Administradora de la CFSE, la licenciada Liza M. Estrada, se enteró de lo sucedido, procedió a remover al señor Maldonado del puesto de confianza que ocupaba y lo deja en un puesto de carrera, supuestamente sin perder beneficios ni la reducción de salario.

Para investigar la situación, Aponte Hernández radicó el lunes la Resolución de la Cámara 886, la cual ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, investigar estas serias alegaciones.

‘Esta acción llama mucho la atención, porque entendemos que el funcionario debió haber sido suspendido en tanto se lleva a cabo la investigación correspondiente. Reclamamos transparencia en este asunto y estamos evaluando la posibilidad de someter referidos a las agencias pertinentes, como el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental’, expresó el representante por acumulación.

El legislador dijo que para tratar de resolver el problema causado, la Administradora ordenó enviar el disco duro a un analista externo para intentar recuperar la data. Además, le ha llegado información de que por lo menos cinco empleados de la agencia están tratando de recuperar y entrar manualmente la información destruida.

Para AponteHernández, ordenar borrar lo contenido en el disco duro sin realizar con anterioridad un ‘back up’, de ser correcto, fue una acción irresponsable que implica la pérdida de la información contenida en el mismo. Esta acción demuestra negligencia y falta de responsabilidad por parte de este funcionario, lo que representaría la pérdida millonaria de fondos públicos.