Dicha ley permite capacitar a los agentes locales para interrogar a inmigrantes bajo su custodia, determinar si están en el país de forma indocumentada y entregarlos a las autoridades de Inmigración.

LOS ÁNGELES. – El controvertido programa 287(g), de cooperación entre policías locales y agentes de inmigración, supone la mejor oportunidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para cumplir con una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump: las deportaciones masivas.

La Casa Blanca ha mostrado una creciente frustración con el ICE, por el lento ritmo de deportaciones. El descontento es tal que, a finales de febrero, esto le costó el puesto a su director interino, Caleb Vitello, y a importantes cargos, todos ellos fichas del Gobierno Trump.

Las expulsiones de inmigrantes no han podido llegar a los niveles de la Administración de Joe Biden (2021-2025), a pesar que las cárceles del ICE tiene a más de 46,000 extranjeros en custodia.

La agencia migratoria ha tenido que lidiar con la falta de agentes y de presupuesto para elevar su capacidad de arresto y por eso ha buscado refrendar la 287(g) que permite la colaboración de la policía con el ICE.

El llamado a la multiplicación de las fuerzas locales con objetivos migratorios ha tenido eco en gobiernos estatales republicanos. Por ejemplo, el gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, solicitó la semana pasada que el ICE capacitará a 1,100 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Georgia (DPS) para ayudar a identificar y detener a indocumentados que representan un riesgo para la seguridad pública en el estado, según dijo el republicano.

«Si se encuentra en nuestro país ilegalmente y comete delitos, no tiene cabida en Georgia», advirtió Kemp.

El Departamento Correccional de Georgia (GDC) también reforzará su partición en este programa. Actualmente tiene asignado específicamente a esta labor a un sargento y tres oficiales.

Bajo este acuerdo, se han logrado identificar a 1,730 personas con órdenes de detención del ICE que se encuentran en las cárceles de ese estado.

En esa misma línea, la Asociación de Alguaciles de Florida (FSA) anunció recientemente que las oficina de alguaciles de todos los 67 condados del estado han firmado un acuerdo para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa 287(g).

Al menos 360 agencias policiales en todo el país colaboran bajo la 287(g), según los últimos datos del ICE, y otros se están moviendo en esta dirección, como el alguacil del condado de Carroll, Jim DeWees, que ha abogado por la implementación del programa en esta zona de Maryland, dominada por los demócratas.

Una medida controvertida y costosa

Incluida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996, la 287(g) permite capacitar a los agentes locales -policía, alguaciles y guardias carcelarios- para interrogar a inmigrantes bajo su custodia, determinar si están en el país de forma indocumentada y entregarlos a las autoridades de Inmigración.

Sin embargo, su implementación ha generado amplios debates sobre la posible discriminación racial y el daño a la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía.

«La realidad es que la cooperación con el ICE no solo hace que nuestras comunidades sean menos acogedoras para los inmigrantes, sino que también nos hace a todos menos seguros», opinó Tim Muth, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Wisconsin, tras la decisión de dos departamentos del alguacil de ese estado de adoptar la 287(g)

El número de acuerdos disminuyó significativamente hacia el final de la administración del presidente Barack Obama (2009-2017), que enfrentó críticas por su implementación.

En el primer mandato de Trump (2017-2021) se recuperaron en un 300% los acuerdos en mención. Sin embargo, su política alentó a que estados como California, Oregon, Washington e Illinois, impulsaran leyes estatales, muchas de ellas llamadas santuario, que impiden la colaboración de la policía con las autoridades migratorias.

Pero el ICE enfrenta un problema de falta de fondos para sacar adelante más acuerdos. Las mismas localidades han advertido que la implementación eleva sus apretados presupuestos.

«Esto podría ser otro problema presupuestario», dijo al Comité de Asuntos Estatales del Senado de Texas el alguacil del condado de Chambers, Brian Hawthorne, quien también preside la Asociación de Alguaciles de ese estado, sobre una propuesta de ley que haría obligatorio adoptar el acuerdo, según información citada por The Texas Tribune.

Para organizaciones como ACLU y Texas Civil Rights Project, esta medida es un desperdicio de dinero y una disposición tendiente hacia la discriminación.