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Escándalos sexuales impactan las arcas de la Iglesia Católica en Puerto Ric

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En medio del escándalo que atraviesa la diócesis de Arecibo, que involucra imputaciones por índole sexual a sacerdotes, el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, junto al obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, admitieron que la Iglesia Católica en la Isla ofrece compensación económica a las víctimas de abuso sexual.

‘Se habla con las víctimas y se les ofrece la ayuda que sea necesaria. Eso pudiera incluir la ayuda económica. Sobre asuntos de las víctimas, mantenemos discreción’, confesó el obispo arecibeño en rueda de prensa.

González Nieves aceptó que hace 14 años firmó un acuerdo de confidencialidad en un caso de abuso sexual contra un menor de edad, aunque nunca más lo volvió a repetir. Agregó, sobre ese particular, que el acuerdo incluyó un pago de miles de dólares. ‘Yo creo que el creyente debe sentirse libre de tomar unas acciones que él o ella quisiera’, manifestó el líder eclesiástico, quien declaró que no es fácil llegar a esos tratos entre las víctimas y los abogados de la Iglesia.

Sobre este hecho, informó que se trató de un caso de un menor, que ya es adulto, contra un sacerdote que trabajó en San Juan para el tiempo de la denuncia, y que ya murió.

Por otra parte, Fernández Torres, cuya Diócesisagrupa 16 municipios y 59 parroquias, negó que El Vaticano haya iniciado una investigación en su contra por abuso sexual, aunque sí confirmó que el obispo de laDiócesis deCaguas, RubénGonzález,comenzó a recopilar información para aclarar las imputaciones.

Entretanto,reconoció que de las múltiples querellas radicadas a las autoridades eclesiásticas por comportamientos sexuales de seis sacerdotes en Arecibo sólo una se presentó para investigación civil. Sin embargo, la misma se desestimó por la Policía porque la familia del menor recibió dinero.exsacerdote José Colón Otero, removido hace dos semanas por violentar los cánones eclesiásticos. La determinación de la Santa Sede fue final, aunque este tiene 60 días para apelar.

‘De los casos que hemos atendido, por la naturaleza misma de ellos, no ha sido necesario el foro civil. Cuando una víctima es adulta, pues ella decide si acude a las autoridades civiles o no, y así es que se ha conducido. Nosotros no lo referimos a las autoridades civiles porque no había una obligación en ninguno de los casos’, reveló el obispo de Arecibo.

Mientras, González Nieves aclaró que las denuncias sexuales sólo se radican a las autoridades civiles si la víctima es menor. ‘Hay que informar si el acto ocurre cuando el querellante es menor. Los padres tienen la responsabilidad de acudir a las autoridades civiles y nosotros también, si son menores’, dijo.

Las declaraciones de los líderes católicos se dan en momentos que la Diócesis de Arecibo enfrenta una crisis, ya que seis sacerdotes en los últimos tres años han sido expulsados de sus puestos por denuncias de índole sexual. El último separado del estado clerical fue el

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