Autoridades federales realizaron siete arrestos, incluyendo el presidente de un sindicato, bajo cargos de integrar una empresa de crimen organizado.

Desde 2005, y a través de una empresa fantasma, un líder sindical, un empleado de la Autoridad de los Puertos (AP) y otras personas ejecutaron un esquema de extorsión contra empresas navieras amenazándolos con bloquear su movimiento de carga mediante piquetes si no pagaban una tarifa que realmente no tenían que pagar.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, siete personas generaron al menos $1.1 millones mediante el esquema, que está bajo investigación desde 2017, principalmente por oficinas del Departamento del Trabajo federal (DOL).

El grupo enfrenta cargos de conspiración por violar la ley anticrimen organizado (RICO en inglés), la Ley HOBBS sobre comercio interestatal, fraude electrónico y postal y lavado de dinero, cada uno de estos con pena de hasta 20 años de cárcel. Además conspiración para violar la Ley Taft-Harley (sobre relaciones laborales) y por desviar fondos de un plan de bienestar a favor de obreros (el plan UTM-PRSSA), cada uno con hasta cinco años de cárcel. Y también un cargo de fraude a planes médicos, que conlleva hasta cinco años de cárcel. También, enfrentan la confiscación de una residencia, un vehículo y un bote, así como cualquier otra propiedad para recuperar los poco más de $1.1 millones que habrían generado con la actividad criminal.

El centro del esquema es la compañía JCPY, Inc., formada en 2012 y a cargo de uno de los acusados, Pedro Pastrana González. Los acusados le decían a navieras que usaban los muelles 9, 10 y 11 que si querían manejar la carga con su propia tripulación, tenían que pagarle una tarifa a JCPY, Inc., o enfrentarse a un bloqueo de sus trabajos mediante un piquete de la unión ILA 1740. En realidad, para usar su propia tripulación, las empresas solo tenían que pedir un permiso al DOL.

Esos muelles se usan principalmente para trasbordo de carga con destino a Islas Vírgenes británicas y estadounidenses. En una conferencia de prensa para anunciar los arrestos, las autoridades federales y locales no precisaron cuánto pudo haber afectado el precio de la mercancía estos acto de extorsión. Pero el jefe de fiscales federales, W. Stephen Muldrow, aclaró que el paro laboral en los muelles que ILA 1740 protagonizó el verano pasado, no tiene que ver con los hechos criminales imputados en el pliego.

Además de Pastrana González, los arrestados incluyen a su exesposa, Iara Clemente Rivera, el presidente de la unión Carlos Sánchez Ortiz, el empleado de la AP, Jorge Batista Maldonado, Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.