Informe anual de la Junta confirma también que sus funciones de «desarrollo económico» siguen inactivas y que el gobierno tiene problemas para echar a correr proyectos con fondos federales.

Hasta el mes pasado, los contribuyentes de la isla han pagado unos $1,200 millones a los bufetes, consultores y otros profesionales que intervienen en los procesos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, según el más reciente informe anual de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El documento estima que, para 2026, los costos llegarán a $1,600 millones. Cuando la Oficina de Presupuesto Congresional estimó los costos relacionados al proyecto de ley que eventualmente se convirtió en la Ley PROMESA, que habilita la quiebra y sus gastos relacionados, dijo que en ese mismo periodo (2017 a 2026) el costo serían $370 millones.

Los $1,200 millones de costo real hasta ahora colocan la quiebra de la isla por encima de la quiebra más cara registrada hasta ahora, la de Lehman Holdings Inc. (2008), que costó $957 millones y reestructuró una deuda de $613,000 millones. También, la quiebra de Puerto Rico ha costado casi 10 veces lo que costó la quiebra de Detroit (2013), en la que se acumuló una factura de $178 millones para reestructurar $6,400 millones.

La JSF, -y sus abogados y consultores-, han consumido poco más de la mitad de lo gastado hasta ahora, unos $660.4 millones. A eso se suman $373 millones gastados por el gobierno, $160 millones por los comités de retirados y de acreedores no asegurados, $20.7 millones para el caso de COFINA y $3 millones para el equipo de mediación. En el renglón de gastos de la JSF están las facturas de su consultor principal, McKinsey & Company, y de su representante legal, el bufete O’Neill & Borges. Ambas facturaciones están bajo fuego por posible conflictos de interés a raíz de las divulgaciones que el Congreso ordenó realizar a los que cobran de los casos de quiebra a través de la ley «Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021» (PRRADA).

Aunque ya el grueso de la deuda de $70,000 millones está reestructurada, quedan la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y ambas tienen controversias pendientes que auguran que seguirá activa la máquina de facturación al pueblo de Puerto Rico.

En la ACT, el gobierno está objetando una disposición del plan de ajuste propuesto por la Junta que resultaría en que se dividan las propiedades del gobierno relacionadas con transportación. Aunque no es parte en el pleito, a la Autoridad de Transporte Integrado se le estaría ordenando quedarse con el Tren Urbano, una actividad severamente perdidosa. Mientras, una reformada ACT se quedaría con las carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tampoco es parte en este proceso de quiebras, estaría obligada a rendirle a la nueva ACT su control de las carreteras, con peaje o sin peaje. El gobierno sostiene que eso no es permisible bajo PROMESA.

En la AEE, la jueza de quiebras Laura Taylor Swain recientemente concedió una extensión hasta un plazo máximo del 9 de septiembre para que el equipo de mediación siga intentando desarrollar un método consensuado, no adversarial, para ajustar la deuda de la corporación pública. En una moción oponiéndose a la extensión, el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SREAEE) y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc. (UTIER) advirtieron a la jueza que la Junta estaba haciendo representaciones falsas cuando decía que ellos habían estado participando en la mediación porque eso no había sucedido. El Comité de Acreedores no Asegurados levantó una objeción similar a esta también.

Además, dentro de las deudas que ya tienen planes de ajuste, como la del gobierno central, pueden surgir encontronazos que pongan a correr la facturación, como el actual entre la JSF y la Administración Pierluisi Urrutia por la puesta en vigor de los recientes cambios a leyes laborales que revirtieron algunas disposiciones de la reforma laboral de 2017.

Pobre proyección para el «desarrollo económico» mediante proyectos «críticos»

En otro ámbito de la Ley PROMESA, el de la facultad que tiene la JSF para provocar desarrollo económico mediante la aceleración de «proyectos críticos» con inversión privada, el informe confirma el continuo estado suspensión de esa gestión.

Para el 2019, habían 55 proyectos (representando $9,000 millones en inversión) que buscaban aprovecharse de esa facultad bajo el Título V de la Ley PROMESA, pero 80% eran relacionados a energía así que tuvieron que ser retirados de ese ‘fast track’ porque enfrentaban el requisito previo de tener un acuerdo de compra de energía aprobado. Solo un proyecto completó el proceso, el controvertible condominio residencial Viewpoint que todavía no ha iniciado.

Al notar que la entrada de fondos federales para trabajos de recuperación por los huracanes ha minimizado las posibilidades de que un inversionista privado decida financiar proyectos con capital propio, la Junta expresó preocupación con que el gobierno pueda aprovechar esa oportunidad.

La Junta apuntó que, por sus propias observaciones o por las de los proponentes de proyectos de reconstrucción:

-No se ha materializado el flujo de proyectos de infraestructura que se esperaba bajo el programa CDBG-DR.

-Todavía el gobierno está buscando cómo gerenciar efectivamente las propuestas.

-Y el financiamiento público a través de FEMA, CDBG u otros programas ha minimizado las propuestas de proyectos que vienen del sector privado.

Para ver el informe anual, pulse aquí.