Nueva ley federal de divulgación para los participantes de la quiebra mantiene bajo ataque a la Junta de Supervisión Fiscal, el bufete O’Neill & Borges y los consultores McKinsey.

La ley «Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021» (PRRADA), que el presidente Joseph Biden aprobó en enero de este año y que originó un grupo de congresistas encabezado por la demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez, mantiene impugnada la participación en el proceso de quiebras del bufete O’Neill & Borges y de los consultores McKinsey & Co., así como a la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

PRRADA dictó un proceso mediante el que todos los profesionales que reciben compensación en el caso de quiebras, una facturación que va ya por $1,000 millones, tienen que divulgar cualquier conexión que tengan con alguna de las partes en el caso con criterios que cumplan con la regla 2014(a) de las aplicables a todo proceso de quiebra. También, mandata a que la Oficina del Síndico de Quiebras del Departamento de Justicia federal revise esas divulgaciones y las comente, u objete de ser necesario, a la jueza Laura Taylor Swain. Si las divulgaciones no están completas, son deficientes o si revelan que el profesional no es una «parte desinteresada», es decir, si su involucración en la quiebra de Puerto Rico presenta un conflicto de interés, el tribunal entonces podría denegar el pago de la facturación de esos profesionales.

Como la Ley PROMESA originalmente no incluyó una disposición de ese tipo en 2016, el ejercicio que está ocurriendo en meses recientes es que profesionales que ya cobraron decenas o cientos de millones en tarifas están bajo la obligación de hacer divulgaciones que cubren desde que los casos de quiebra en el gobierno comenzaron en 2017.

Las divulgaciones que resaltan en el expediente como las que han generado controversia aguda son las de O’Neill & Borges como representantes legales de la JSF y las de McKinsey, como los consultores principales del ente fiscal.

McKinsey cabildeó en contra de la ley y tuvo éxito en que el senador demócrata por Virginia Occidental, Joseph Manchin, retirara algunas disposiciones. Luego, los abogados de la propia JSF intentaron que la jueza Laura Taylor Swain limitara el alcance para que no se tuvieran que divulgar las conexiones o inversiones que los profesionales pudieran tener en aquellas entidades cubiertas por el proceso de quieba cuyas reclamaciones ya se hubieran resuelto. Pero la jueza no lo aceptó.

En el caso del bufete, el señalamiento vino mediante una moción que sometió la semana pasada el licenciado Carlos Lamoutte, quien participa también en el caso buscando que se revierta una transacción mediante la que el Banco de Desarrollo Económico (BDE) vendió a descuento de 91% una cartera de préstamos de $382.4 millones.

Según Lamoutte, el bufete no divulgó su relación con las entidades PR Recovery and Development JV LLC, PR Recovery and Development REO LLC, Parliament Capital Management LLC, Parliament High Yield Fund LLC e Island Portfolio Services LLC, que participaron de la transacción con el BDE y que eran sus clientes a la vez que también la Junta era su cliente. La Junta se ha rehusado a ejercer sus facultades para revisar el contrato de venta de la cartera.

«La Junta de Supervisión existe para traer transparencia a la contratación gubernamental en Puerto Rico, no para permitir transacciones simuladas realizadas en secreto y en colusión para beneficiar comercialmente a los clientes del sector privado de los profesionales empleados por la Junta de Supervisión (como O’Neill & Borges). Precisamente para combatir este tipo de conducta es la razón por la que PROMESA fue aprobada», argumentó el abogado.

En cuanto a los consultores McKinsey, el exjuez Steven Rhodes, quien presidió sobre la quiebra de Detroit, sometió una carta detallada al Síndico de los Estados Unidos instándolo a que no solo se oponga al pago de sus tarifas sino que también los investigue y pida que devuelvan pagos. La carta fue divulgada inicialmente por El Nuevo Día.

El exjuez pide sanciones contra el consultor, una investigación oficial del examinador de tarifas, a expensas del consultor, para tener el cuadro completo de sus conflictos de interés en este caso y que devuelva pagos por servicios, hasta donde lo determine la jueza Swain.

Entre las instancias de conflicto e incumplimiento con la ley por parte de McKinsey que el exjuez detalla están: a través de su brazo de inversiones, MIO Partners Inc. (MIO), tenían $58.3 millones en bonos de COFINA mientras asesoraban a la Junta en ese caso de quiebra; la Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) ya determinó que hubo un riesgo «real y significativo» de que McKinsey hubiera cometido tráfico de información privilegiada («insider trading») a través de MIO con sus inversiones en la deuda de Puerto Rico; que McKinsey estaba asesorando sobre las operaciones del gobierno de Puerto Rico a la vez que tuvo que pagarle a ese gobierno $4.3 millones para aminorar la «crisis humanitaria» que crearon con el abuso de opiodes por su trabajo de asesoría para la farmacéutica Purdue Pharma; porque tenían conexión de asesoría o de inversión con las empresas NFEnergía, Quanta y SoftBank a la vez que estan conseguían contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica por los procesos de transformación que el consultor ayudó a crear a través de la JSF; porque sus clientes Siemens, Naturgy, BNP Paribas, Total y Tetra Tech obtuvieron sobre $10,000 millones en ingresos de la AEE a la vez que el consultor asesoraba a la corporación pública; porque sus clientes Monarch Alternative Capital, GoldenTree Asset Management, Baupost Group, Varde Partners, Cyrus Capital Partners y Aurelius Capital son, a la vez, los principales acreedores de la deuda del gobierno y comenzaron su relación con McKinsey a la vez que el consultor comenzó su relación con la JSF; porque exempleados de McKinsey componen casi todo el equipo de Horizon Capital, el fondo de inversión que cofundó la exdirectora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko; y porque el consultor utiliza un protocolo interno de divulgación de conflictos que está diseñado precisamente para burlar requerimientos como los que contiene PRRADA.

«Un violador en serie de reglas de divulgación, McKinsey, tranforma una regla clara y sencilla, divulga todas las conexiones, en un conjunto de procedimientos impenetrables que son internamente inconsistentes e incomprensibles tanto para profesionales como para el público», comentó el exjuez sobre el protocolo que McKinsey aplicó a sus divulgaciones bajo la ley PRRADA. Rhodes recordó a Swain también que ningún tribunal todavía ha aceptado admitir divulgaciones preparadas bajo ese protocolo.

Para ver la moción de Lamoutte, pulse aquí.

Para ver la carta del exjuez Rhodes, pulse aquí.

Vea:

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