Según Juan Zaragoza, su medida busca aclarar leyendas urbanas sobre ausencia de inventario en Puerto Rico

Durante la Sesión Ordinaria, la Cámara Alta aprobó este jueves, una investigación, mediante la Resolución del Senado 65, para determinar el impacto económico del impuesto al inventario en los comercios y municipios.

“Nuestra intención es determinar quién lo paga, sobre qué se paga, qué está exento y de esa forma, aclarar una serie de leyendas urbanas que tiene que ver con ausencia de inventario en Puerto Rico. Yo creo preliminarmente que la verdadera razón a nivel de mega tiendas es la evolución acelerada del comercio electrónico. Queremos, a través de esta resolución, unos requerimientos del CRIM para actuar a base de datos y no de leyendas urbanas”, sostuvo el senador y autor de la medida, Juan Zaragoza Gómez en comunicación escrita.

La investigación, que estará a cargo de Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Control Fiscal del Senado, busca establecer las bases fácticas, para de manera informada, determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas, o administrativas para alterar o, de ser meritorio, eliminar o sustituir el impuesto al inventario, sin afectar los recaudos municipales.

En la exposición de motivos la RS65 destaca, que “tanto el pequeño como mediano comerciante reclama mayores alivios por parte del Gobierno. Los elevados costos de hacer negocios y un ambiente contributivo cargado y complicado, disminuyen la capacidad de amortiguar los golpes provocados por los desastres naturales. Por otro lado, la ciudadania reconoce la urgencia de tener un acervo de artículos suficiente para enfrentar las interrupciones en la cadena de suministros que acompañan estos eventos. Y es así que nace, el ya generalizado reclamo de la eliminación del impuesto al inventario”.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 190, que crea la “Ley de Justicia para Familias e Individuos del Programa de Comunidades Especiales”. Esta medida pretende fortalecer el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales y a su vez, establecer un proceso ordenado para atender la incertidumbre de decenas de familias e individuos realojados en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico.

“Basta ya de incumplir lo que le prometimos (a estas comunidades). Es importante reiterar el compromiso de estas Comisiones con las comunidades y su liderato. Se hace imprescindible reformar los componentes del Fideicomiso y la ODSEC, esto con la finalidad de lograr una participación verdadera de nuestras comunidades y para reivindicar el objetivo principal de las Comunidades Especiales: empoderar a las comunidades para que tengan la oportunidad de transformar su entorno y trazar su propio destino”, acotó la senadora del Partido Popular Democrático y autora de la medida, Gretchen Hau.

Por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot, expresó su apoyo a la medida y dijo que “el proyecto en su esencia, lo que hace es denunciar la mala práctica y establecer lo que debe ser la buena práctica. Este proyecto después de la vista y la consideración a los deponentes, debe provocar el respeto. Un voto por esto no es un asunto inútil, estamos hablando de hacerle justicia a cientos y miles de familias que han sido olvidadas. Estaremos pendientes y fiscalizando para que los errores no se vuelvan a repetir”.

Por otra parte, se aprobó la Resolución del Senado 70, de la autoría de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, para que las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, lleve a cabo una investigación sobre los procesos de las agencias con responsabilidades bajo la Ley para la Seguridad Bienestar y Protección de Menores, al intervenir con personas con diversidad funcional y, en particular, con personas sordas.

Otra de las medidas avaladas fue la Resolución del Senado 59, de la autoría de los senadores de la delegación del Partido Popular Democrático, Marially González Huertas y Ramón Ruiz Nieves, para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central una investigación sobre las acciones que llevó a cabo la Autoridad de los Puertos sobre la administración del Aeropuerto Internacional Mercedita en el municipio de Ponce, en específico las gestiones realizadas para establecer una Alianza Público-Privada para la operación y mantenimiento del mismo, y los reclamos de empresarios e instituciones de esta región para su administración.

Además, se aprobaron las siguientes medidas: la Resolución del Senado 60, para realizar una investigación sobre la situación actual de las diferentes etapas que conlleva el proyecto de convertir la Carretera Estatal PR-10 en una Autopista, desde Arecibo hasta Ponce, particularmente los tramos inconclusos desde el Municipio de Adjuntas al Municipio de Utuado; la Resolución del Senado 89 para realizar una investigación sobre la situación y estado actual de las facilidades recreativas y deportivas bajo la jurisdicción del Departamento de Recreación y Deportes, con el propósito de identificar alternativas dirigidas a establecer soluciones e imponer responsabilidades a las agencias gubernamentales pertinentes.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 8 de marzo de 2021 a la 1:00 de la tarde.