Departamento de Justicia solicita al tribunal emitir requerimiento contra la Comisión Estatal de Elecciones.

La Policía y el Departamento de Justicia, a través de la fiscalía de Distrito de Aguadilla, mantienen una investigación criminal sobre el ejercicio de primarias en la cárcel Guerrero de ese municipio, la única pesquisa criminal que se conoce hasta ahora sobre los distintos comicios del año pasado.

La vigencia de la investigación quedó confirmada el lunes cuando el fiscal José A. Quiñones Torres recurrió al Tribunal de Primera Instancia para que autorice una orden de entrega de documentos contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para obtener las “listas de electores que ejercieron su derecho al voto en las primarias del 9 y 16 de agosto de 2020, específicamente en la unidad o colegio electoral del Partido Popular Democrático (en adelante PPD), en la Institución correccional de Guerrero en Aguadilla”.

El nuevo Código Electoral de 2020 convirtió en documentos privados los que custodia la CEE relativos a los electores y solo hace excepción para que los tribunales puedan emitir órdenes de entrega de documentos “cuando se trate de asuntos de naturaleza específicamente electoral o la configuración de listas de candidatos a miembros de jurado en procesos judiciales”.

La CEE se negó a contestar el requerimiento de la investigación que maneja el Agente Aneudy Mercado Cortés del CIC Propiedad de Aguadilla, lo cual provocó la solicitud de orden al tribunal.

“[N]uestra investigación se relaciona directamente con un asunto de naturaleza electoral y la información solicitada no será utilizada para ningún otro fin que no se relacione con la investigación en curso”, dijo Justicia al tribunal para fundamentar su solicitud. A preguntas de NotiCel, el Departamento no amplió más y solo consignó que “en estos momentos no podemos confirmar ni denegar que exista una investigación”.

El día antes de las primarias del 9 de agosto pasado, el analista Jay Fonseca presentó actas de colegio de funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD) que afirmaban que en la elección por adelantado de confinados se habían registrado múltiples irregularidades. Entre éstas, que se obligó a confinados a votar por los candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el exsenador Héctor Martínez y la exalcaldesa de Aguadilla, Yanitisia Irizarry.

Supuestamente, Vázquez Garced había prometido a los reos televisores, visitas y días de gracia. El resultado final fue que ninguno de los tres políticos mencionados revalidó en sus puestos aunque el 5 de agosto, días antes de la primaria, Vázquez Garced convirtió en ley algunas de esas promesas a los confinados. Es un delito electoral ofrecer, presionar o coaccionar para intervenir en el voto de una persona.

Las actas dan cuenta también de que se habría obligado a votar en primarias del PNP a confinados que querían votar en la del PPD y que faltaron papeletas en algunos sobres.

Julio Roldán, candidato del PPD a la alcaldía de Aguadilla que venció a Irizarry en las elecciones generales, había solicitado a la fiscalía federal un investigación “sobre manipulación del voto en la institución correccional Guerrero de Aguadilla durante la celebración de las primarias”, pero no hay indicios de fiscalía federal que denote que están investigando activamente.

Vea:

Opositor PPD de Yanitsia Irizarry le adjudica delitos electorales