La agencia también presentará cargos la próxima semana por delitos al PUA.

El Departamento de Justicia mantiene activos 17 casos que involucran a funcionarios públicos y que eventualmente llegarán al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

La secretaria interina de Justicia, Inés Carrau Martínez ofreció la cifra como parte de su presentación ayer durante las vistas de transición gubernamental, que se celebran en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Actualmente, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, que dirige la fiscal Phoebe Isales Forsythe , atiende 316 casos con un equipo de 12 fiscales. De esta cifra, 196 casos son atendidos en el área de Integridad Pública, incluyendo los 17 que irán al PFEI, y 112 bajo el área de Asuntos del Contralor.

Por tratarse de asuntos bajo investigación, Carrau Martínez no ofreció detalles de las 17 investigaciones preliminares que involucran a funcionarios públicos.

Como parte de su presentación, apuntó que el 10 de septiembre pasado el Departamento de Justicia renovó el acuerdo de colaboración con la Fiscalía Federal por tres años adicionales y se mostró confiada en que la gobernadora Wanda Vázquez Garced llenará las plazas vacantes que tiene la agencia en este momento.

Están vacías dos plazas de fiscales de distrito, 25 posiciones de fiscales auxiliares 1, dos posiciones de fiscales auxiliares 2, dos puestos de fiscales de distrito, un puesto de registrador de la propiedad, siete puestos de procuradores de familia y 11 procuradores de asuntos de menores.

Hasta ahora, la Gobernadora no ha divulgado la fecha de la anticipada convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, que convocará antes de que acabe este cuatrienio y que debe incluir el candidato o candidata que sustituirá a la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien deja el cargo en diciembre al cumplir los 70 años, edad del retiro obligatorio. Esa convocatoria también debe incluir el nombre el próximo regente de la Oficina del Contralor.

Aunque reconoció que los fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor están “muy sobrecargados” de trabajo y podrían utilizar más recursos, señaló que el impacto de las medidas de retiro se siente con mayor fuerza en las áreas administrativas, donde se encuentra corta de personal.

El Departamento de Justicia cuenta con una plantilla de 1,369 empleados y 31 puestos de confianza. Alrededor de 114 empleados podrían acogerse al retiro incentivado bajo la Ley 80, que el gobierno congeló por diferencias con la Junta de Control Fiscal.

Carrau Martínez también reveló que la próxima semana fiscales de su agencia podrían radicar cuatro casos relacionados de fraude al PUA o al programa de asistencia de desempleo por la pandemia. La agencia recibió 51 referidos, radicó 18 casos y tiene 27 investigaciones abiertas en diferentes etapas.

La jefa de los Fiscales, Arlene Gardón Rivera mencionó, a preguntas del Comité de Transición Entrante, que la agencia tiene un porcentaje de un 88% de convicciones en los casos que presenta ante los tribunales y que debido al incumplimiento con los términos de un juicio rápido por la pandemia, el tribunal concedió 256 habeas corpus, que significa que el sumariado quedó en libertad hasta que culmine el proceso judicial, pero negó 90 peticiones.

Ambas funcionarias señalaron que la agencia se encontraba lista para litigar los casos que surgirán debido a la decisión federal que estableció los veredictos unánimes en los criminales.

Las vistas de transición continúan hoy.