Según la fiscalía federal, Krystal Marie Rivera denunció un falso secuestro.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció que el pasado 18 de noviembre de 2020, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de un cargo contra Krystal Marie Rivera por supuestamente emitir declaraciones falsas a una agencia de los Estados Unidos.

“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos investigará y enjuiciará a las personas que engañen y perturben las operaciones de aplicación de la ley al proporcionar información falsa a los agentes del orden”, dijo Muldrow en comunicación escrita.

El FBI y el Negociado de Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación. Rivera fue detenida sin incidentes.

De acuerdo con la información contenida en la acusación formal, el 22 de octubre de 2020, la acusada Rivera supuestamente realizó una declaración y representación materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción del poder ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, al informar a los oficiales del grupo de trabajo del FBI, en la División de Robo de la Policía de Puerto Rico, que había sido secuestrada por varios individuos. Las declaraciones y representaciones fueron falsas porque, como supo Krystal Marie Rivera en ese momento, no había sido secuestrada, sino que pasaba tiempo voluntariamente con un conocido.

“Cada vez que se denuncia un secuestro, se pone en marcha un sofisticado sistema de aplicación de la ley. Innumerables agentes, analistas y otro personal encargado de hacer cumplir la ley están desplegados para tomar medidas inmediatas para localizar y recuperar a la víctima”, dijo el agente especial a cargo del FBI Riviere. “Fingir un secuestro no es motivo de risa. Es un acto irresponsable, que cuesta mucho dinero a los contribuyentes respetuosos de la ley. El FBI perseguirá el uso indebido del poder de aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias”, añadió.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto David Henek y el jefe de la Unidad de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional, el fiscal federal adjunto Jonathan Gottfried. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de no más de 250,000 dólares.