El juez de quiebras Brian K. Tester, quien preside el proceso de reorganización de las empresas Casiano Communications (CC) y Direct Responsesource (DR) tiene ante su consideración alegaciones de violaciones de acuerdos judiciales por parte del fundador de las empresas Manuel Casiano que implican al Banco de Desarrollo Económico (BDE) y al exjefe de UBS en Puerto Rico, Miguel Ferrer.

Las alegaciones están contenidas en documentos radicados por las propias empresas y por Encanto Group LLC, el grupo de inversionistas de Nueva York encabezado por Alex Lemond que recientemente adquirió la marina y resort de Palmas del Mar. En el caso de Casiano, Encanto ha estado actuando como prestamista interino del negocio de comunicaciones desde que se presentó la solicitud de reorganización en octubre de 2014.

De acuerdo a la información sometida al juez, Casiano violentó el acuerdo de financiamiento interino con Encanto por, entre otros asuntos, dejar de informar al tribunal sobre un posible acuerdo con otro grupo de inversionistas que negociaría la deuda multimillonaria que las empresas tienen con el BDE y que están garantizadas en parte con el capital personal de Casiano. De esta manera, sostiene Encanto, el también editor del semanario Caribbean Business se ha colocado en la posición de negociar su posición financiera personal a contrapelo de los arreglos financieros de su empresa.

Ese grupo que está en negociaciones con el BDE sería Ferrer Faas Cie., LLC. (FFC), integrado por Ferrer y por el empresario Heiko Faas. Como prueba, al juez se le sometió una carta del BDE a FFC que confirma las conversaciones, aunque las sujeta a lo que decida el Tribunal de Quiebras. El préstamo del BDE, por unos $7.8 millones, es con DR, la filial de CC que se dedica al negocio del telemercadeo. Según la carta, el BDE entraría en un acuerdo con FFC a cambio de un pago de $1 millón.

FFC ha comparecido al tribunal como acreedores mediante la compra de reclamaciones a otros acreedores. Faas dijo a NotiCel que su grupo ‘ha estado trabajando diligentemente en esta transacción por muchos meses’. ‘Estamos preparados y prestos a seguir hasta el final, independientemente de lo que otras partes puedan hacer. Pronto someteremos nuestra oferta competidora’, añadió.

Por su parte tanto CC como DR dijeron al tribunal, a través de su abogado, el exjuez de quiebras, Gerardo Carlo Altieri, que desconocían y no tuvieron parte de las negociaciones entre el BDE y FFC, pero que Casiano, de forma separado y a través de su propia representación legal, estaba ‘contemplando’ la idea de vender su participación en las empresas, representadas en 56% de las acciones, a una parte que, a su vez, asumiría las obligaciones que el editor había contraído con Encanto mediante el acuerdo de financiamiento interino. Las empresas solicitaron al tribunal una extensión de 60 días, hasta el 1 de junio de 2015, para someter un Plan de Reorganización.

Encanto también hizo una solicitud al tribunal pero en su caso es para que el juez determine que Casiano incumplió los acuerdos del financiamiento interino, para prohibir a los directores de las empresas, particularmente a Casiano, de disponer de sus intereses en las empresas, y que, sin esperar a un Plan de Reorganización, se comience un proceso de venta forzada en el cual Encanto tendría privilegio por virtud del acuerdo de financiamiento interino. En su solicitud, Encanto sometió lo que sería su oferta inicial consistente en $800,000 por todos los activos de CC (incluyendo el semanario Caribbean Business y otros 10 títulos entre los que figuran Imagen, Qué pasa, y Buenavida), así como $300,000 por DR, pero sin incluir el edificio que alberga el negocio actualmente. Encanto solicita también que a esta oferta se le acrediten los $756,412.32 que ya le ha prestado a Casiano para mantener operando las empresas y que, de la misma manera, la misma cantidad, así como otros gastos, se le reembolse si no resulta ganador en el proceso de venta.

*Modificado para aclarar que FFC compareció al tribunal.