La licenciada Jennie Mariel Espada realizó la aseveración a su llegada al Capitolio, mientras que Cabeza Rivera aseguró que los testigos que declararon antes que ella “definitivamente” han mentido.

Mabel Cabeza Rivera, según su abogada Jennie Mariel Espada, no es más que un chivo expiatorio para tapar la fallida transacción de $38 millones a la empresa Apex General Contractors (APEX) para un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus COVID-19.

Cabeza Rivera acudió junto a Espada a su cita ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que investiga el manejo de la emergencia de esta enfermedad, así como la compra a esta empresa, que no tiene experiencia alguna en los servicios de salud, pero se pretendía que entregara el producto, proveniente de Australia, en cinco días.

El nombre de Cabeza Rivera ha retumbado entre las paredes del salón de audiencias Severo E. Colberg Ramírez por más de dos semanas, luego de que múltiples deponentes la implicaran —bajo juramento— en irregularidades dentro de Salud y en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Cabeza Rivera se desempeñó como ex jefa de personal de Salud y, al ser destituida de ese cargo, se convirtió en enlace entre el “Task Force” Médico para asesorar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y La Fortaleza.

A su llegada al Capitolio, Espada afirmó que su clienta era un chivo expiatorio, mientras que Cabeza Rivera aseguró que los testigos que se han sentado antes que ella “definitivamente” han mentido.

“Niego vehementemente cualquier acto de influencia o presión sobre funcionario alguno para que se firmara o se otorgara algún contrato o beneficio a terceras personas. En ningún momento estuve en posición de tomar determinaciones finales sobre asunto alguno. Las decisiones en el Departamento y luego en el Task Force eran tomadas por las personas que tenían facultades para así tomarlas según las leyes y las órdenes ejecutivas firmadas por la Gobernadora de Puerto Rico invocando sus poderes extraordinarios de emergencia”, expuso Cabeza Rivera en una ponencia.

La ponencia de poco más de dos páginas fue dada por leída durante la vista pública del martes, ya que había sido entregada la noche antes. Cabeza Rivera había sido citada para el lunes, pero por motivos de tiempo no fue atendida, ya que hubo otros tres deponentes: el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la subsecretaria, Lillian Sánchez Pérez; y la ayudante especial de la Gobernadora, Marisol Blasco Montaña.

“Aquí se dejó hablar al doctor Segundo [Rodríguez] y a mí no me dejan expresarme”, protestó Cabeza Rivera, quien también presentó una carta para solicitar la inhibición del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez.

La inhibición se basó, en parte, en las denuncias contra Morales Rodríguez por referir suplidores a Salud para la venta de productos para atender el COVID-19. Sin embargo, la petición fue desechada.

«Ayer (lunes) solicitamos la inhibición del presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales, aduciendo que el ánimo prevenido que ha desplegado es demasiado evidente», afirmó la licenciada Espada antes del inicio de la vista.

«Se lo informamos mediante carta. No le informamos nada a la prensa a propósito. Nos contestaron mediante carta en la negativa, que esto ha sido todo de altura y con respeto y conforme a los reglamentos y autoridad que tiene la Comisión. Sin embargo, es evidente el ánimo prevenido que existe contra doña Mabel», agregó.

En su ponencia, entregada a la prensa, Cabeza Rivera señaló que era una madre soltera de 40 años que estudió Administración de Empresas y que se ha visto afectada por las “calumnias” en su contra que han surgido por la “faena política”.

Durante la vista, Cabeza Rivera señaló llegó a Salud en enero de 2017 como ayudante ejecutiva del entonces secretario Rafael Rodríguez Mercado. En mayo de ese año, se convirtió en Jefa de Personal.

“Al momento de mi salida del Departamento de Salud estaba a cargo de dieciséis distintos proyectos para optimizar y eficientizar los servicios provistos a la ciudadanía y cumplir con los recortes y ahorros que exige la Junta de Control Fiscal”, expresó en su escrito.

La ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo fue quien denunció inicialmente a Cabeza Rivera por el mal manejo de 500 pruebas rápidas, al asegurar que fue la persona que pidió que se entregaran en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en lugar de Salud, como regularmente hubiera ocurrido y por orden previa.

Tras la renuncia de Quiñones de Longo y el nombramiento de Lorenzo González Feliciano como nuevo titular de la agencia Cabeza Rivera fue removida de sus labores en Salud el pasado 30 de marzo. Posteriormente, La Fortaleza confirmó que tampoco continuaría como parte de su equipo.