Alegan no contestaron sus peticiones de documentos

La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Credito Publicó (CCAICP) radicó hoy un mandamus que busca obligar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la Corporación del Fondo de Interes Apremiante de PR (COFINA) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a entregarles una serie de documentos necesarios para llevar a cabo su encomienda de auditoría de la deuda pública del gobierno.

Según el documento, anteriormente la CCAICP había emitido peticiones a estas agencias para conseguir los documentos públicos pero ‘tanto el BGF como COFINA no respondieron a la solicitud. La AAFAF, por su parte, proveyó información general de las emisiones de COFINA, indicando que esos eran los únicos documentos que estaban en su poder, y que los demás obraban en posesión de COFINA o el BGF. Esto, pese que, ante la Junta de Control Fiscal y el tribunal federal, ha actuado como representante del BGF y ha sometido miles de documentos de dicha entidad en el proceso de quiebra e investigadores contratados por la Junta’, lee un comunicado de prensa emitido por el organismo.

Los documentos que solicitó la CCAICP fueron:

1. Las opiniones legales y comentarios de la División Legal del BGF y/o de asesores legales externos sobre las primeras dos emisiones de COFINA, antes y despues de emitidas.

2. Todos los memorandos, cartas, comunicaciones y documentos, impresos o electrónicos, elaborados por las firmas de abogados Hawkins, Delafield & Wood, LLP, Nixon Peabody LLP, GreenbergTraurig, Sidley Austin LLP, Pietrantoni Mendez & Álvarez LLP, O’Neill & Borges LLC, y Fiddler González & Rodríguez P.S.C., en los que se evalúe y discuta el cumplimiento de las emisiones de bono de COFINA con la Constitución de Puerto Rico.

3. Cualquier otro memorando, carta, documento o comunicación, impresa o electrónica, elaborado por abogados/as del BGF o de asesores legales externos en el que se evalúe y discuta el cumplimiento de las emisiones de bono de COFINA con la Constitución de Puerto Rico.

4. Cualquier memorando, carta, documento o comunicación, impresa o electrónica, elaborado por abogados/as del BGF o de asesores legales externos en el que se evalúe y discuta la legalidad de las emisiones de bono de los sistemas de retiro en el Gobierno de Puerto Rico.

5. Copia de correos electrónicos intercambiados entre la gerencia del BGF y Lehman Brothers y demás Managing Underwriters sobre las primeras dos emisiones de COFINA y el Sistema de Retiro.

6. Copia de materiales de promoción y mercadeo (‘roadshow materials’) para las primeras dos emisiones de COFINA y los sistemas de retiro.

‘Mientras AAFAF, el BGF y COFINA se mueven con la Junta de Control Fiscal (JCF) hacia la negociación de acuerdos con los bonistas que hipotecarán nuestro futuro y nos condenarán a más decadas de políticas de austeridad y de desmantelamiento del aparato público, le pretenden cerrar las puertas a la ciudadanía para investigar si partes o la totalidad de la deuda son ilegítimas. El interes del pueblo en acceder a esta información tiene que prevalecer sobre cualquier reclamo de limitación al acceso de esta información’, expresó el licenciado Luis Jose Torres Asencio, profesor de Derecho Constitucional e integrante de la Comisión.

‘La demanda, radicada por el Lcdo. Amexis Bonilla Nieves, en representación de la Comisión Ciudadana, se presenta el día en que la firma Kobre & Kim, contratada por la JCF para publicar un informe sobre las causas de la deuda, se presta a someter su informe, a espaldas de la ciudadanía, en el procedimiento judicial bajo el Título III de PROMESA’, añadió además Torres Asencio.

Esta no es la primera vez que la administración de Ricardo Rosselló ha sido demandada por falta de transparencia y divulgación en lo que va del año. Desde luego del paso del huracán María, al gobierno le han llegado diversas demandas por parte de distintas entidades para que se revelaran documentos públicos. La más reciente fue la demanda radicada por la organización Espacios Abiertos que buscaba la traducción del Plan de Recuperación que el gobierno entregó en el Congreso hace unas semanas.

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