El abogado de la Diócesis de Arecibo, Frank Torres Viada aseguró el jueves que la Diócesis de Arecibo no oculta nada, luego que el Tribunal Supremo resolviera intervenir en el caso para que no se divulguen los expedientes de las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes.

‘La iglesia católica de Arecibo no esconde nada. Cuando una persona o entidad ejerce sus derechos constitucionales, está ejerciendo garantías y valores sociales que están consagrados en la Constitución y que protegen a todo el mundo. Yo no creo que se pueda razonablemente inferir que el ejercicio de esos derechos es un acto de esconder o de encubrir nada’, dijo Torres Viada en entrevista radial (Radio Isla) en relación al derecho a la intimidad de las víctimas.

Asimismo, aseguró que el fin último no es que no haya cooperación con las autoridades, sino que se establezcan parámetros claros, incluyendo el examen de los documentos de los expedientes de los perjudicados, para buscar la manera adecuada para que se produzca esa cooperación.

El abogado indicó que fue un remedio muy drástico la orden del juez Ángel Pagán Ocasio del Tribunal de San Juan de que se entregaran todos los expedientes de las víctimas. Explicó que recurrieron al Máximo Foro Judicial por tratarse de una cuestión constitucional fundamental.

No obstante, el secretario de Justicia, César Miranda recordó que la Diócesis de Arecibo recurrió a los tribunales en un intento por evitar tener que entregar los documentos que ha levantado en su investigación de los alegados casos de abuso sexual aduciendo el principio de separación de iglesia y estado.

‘Prevalecimos en el tribunal de instancia, prevalecimos en el tribunal de apelaciones, o nos han entregado los documentos, dejaron pasar el término para entregar los documentos, obviamente, y a nuestro entender, en desacato’, dijo Miranda.

Sin embargo, Viada sostuvo que, ‘Entendimos que era lo propio por razón de economía procesal y para que las partes tuvieran certeza del estado de derecho que va a regir entre ellas y para darle la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico y sanear un poco la controversia y la sensación de incertidumbre que ha surgido a raíz de este caso. Entendemos que mientras más pronto se resuelva, pues mejor’, sostuvo.

‘Yo creo que desde el punto de vista legal y procesal el que el Tribunal Supremo haya decido intervenir directamente en este caso, significa que contrario a lo que ha dicho el Departamento de Justicia, el reclamo sí es uno meritorio. Plantea cuestiones de derecho serias, profundas que deben ser consideradas con el más riguroso celo y ahora el caso continúa y se dará la batalla en el Tribunal Supremo para que decida en última instancia que va a pasar con esto’, añadió.

Entretanto, Miranda defendió su postura a los efectos de que el estado tiene el derecho a requerir todos los documentos que entienda necesarios para su pesquisa.

‘[La posición del Supremo] da al traste con la postura que yo he asumido, que es que el estado civil tiene el derecho a que nos entreguen todos los documentos necesarios para conducir una investigación’, señaló Miranda durante un receso en las vistas de presupuesto.

El Secretario de Justicia estimó que la decisión del Supremo de acoger el caso responde al interés que ha levantado el mismo entre el público, por lo que muy probablemente el más alto tribunal del país desea expresarse sobre el particular.

‘Nuestra posición es que, eventualmente, el derecho habrá de asistir al estado civil que yo, como Secretario de Justicia, represento’, anticipó Miranda.

Según se informó, las partes tienen 15 días para someter sus argumentos ante el Supremo y el pleito queda paralizado mientras el Alto Foro resuelve el asunto. Torres Viada, quien también había acudido al Foro Apelativo por este caso, espera el Supremo cite una vista argumentativa.

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