La organización Human Rights Watch (HRW) denunció el jueves que el sistema judicial de Florida (EE.UU.) procesa cada año a cientos de adolescentes en tribunales para adultos de forma ‘arbitraria e injusta’.

En un informe publicado el jueves, HRW cuestiona en particular los ‘efectos nocivos’ de la denominada Ley de Acusación Directa, que permite a los fiscales de Florida decidir qué menores son juzgados en tribunales para adultos.

El informe denuncia incluso que en algunos circuitos judiciales de Florida hay evidencias de que son los criterios ‘raciales’ los que motivan si un menor va finalmente a un tribunal para adultos.

El texto advierte que en lugar de mejorar la seguridad pública, el sistema de juzgar a los adolescentes en tribunales para adultos produce ‘mayores tasas de reincidencia’ que cuando se les juzga en tribunales para menores.

Explica, en este sentido, que el sistema judicial juvenil está orientado a ‘rehabilitar’, mientras que el sistema judicial para adultos ‘enfatiza el castigo’.

De hecho, los adolescentes juzgados como adultos ‘pierden el acceso a la educación’ y se sienten confundidos y abandonados ante un tribunal para adultos.

‘En el tribunal de menores quieren ayudarnos a tomar mejores decisiones’, dice uno de los adolescentes consultados por HRW para la elaboración de este informe.

La Ley de Acusación Directa posibilita a los tribunales condenar a menores de edad, que quedan marcados de por vida con antecedentes propios de personas adultas, a pesar de que a menudo se trata de delitos no violentos.

La autora del informe de HRW, Alba Morales, explicó que a los menores de edad afectados por la Ley de Acusación Directa se les prohíbe el acceso a muchos tipos de empleo y pierden de forma permanente el derecho al voto, entre otros.

Entre 2012 y 2013, más del 98 por ciento de los 1,500 casos de menores procesados como adultos fueron impulsados por fiscales que se ampararon en la citada Ley de Acusación Directa.

En el informe se cita el caso de un joven de 15 años que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos menores como agresión y daño intencional, y el de otro joven que al ser juzgado como adulto acumuló antecedentes penales que le impidieron posteriormente acceder a un puesto de trabajo.