El equipo económico del Gobierno recurrió a la notoria dependencia que tienen los municipios del fia’o, y que no es muy distinta de la del propio Gobierno, para aplicar mollero a la resistencia de algunos alcaldes a los cambios propuestos para la estructura del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) sin los cuales, advirtieron los funcionarios, no se podría seguir prestando a los municipios.

Tanto la principal oficial de Finanzas del Gobierno, Melba Acosta como el presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José Pagán, se reafirmaron en la necesidad de que se apruebe durante la próxima sesión ordinaria, las dos medidas que proponen enmiendas al IVU, aunque Acostareconoce que todavía hay resistencia por parte de algunos alcaldes como el de Guaynabo, Héctor O’Neill; y el de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau.

Ante esto, Pagán, planteó que proseguirá las conversaciones con los municipios grandes para llegar a un ‘happy medium’, ya que el escenario podría ser distinto al comparar con pueblos más pequeños.

De acuerdo al funcionario, aprobarestos dos proyectos es algo importante ‘porque,acuérdate que en el Banco de Fomento hay $3,800 millones en financiamiento de los municipios, lo cuales el Banco de Fomento tiene en su cartera $2,200 millones. Para poder seguir prestando a los municipios tenemos que financiarnos. Y la forma que el Banco de Fomento se refinancia es haciendo emisiones de bono pagaderas de los préstamos que vamos acumulando. Si ese mecanismo se para, si el Banco de Fomento deja de ir al mercado a conseguir financiamiento, pues ya no le podemos hacer más desembolso a los municipios’.

Pese a este panorama, Pagán asevera que el BGF sobreviviría, pero no cumpliría con sus funciones de ser intermediario entre inversionistas y el Gobierno.

Por su parte, Acosta reitera que estas medidas mejoran la posición en que se va a ir al mercado el próximo febrero, en el que se piensa emitir entre $250 millones a $500 millones a través de COFINA. Además, atiende el problema de liquidez del BGF, una de las advertencias de la casa acreditadora Moody’s.

Posteriormente, con la creación de la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM), que estará adscrita al BGF y se nutrirá de parte del IVU Municipal, el Gobierno espera volver al mercado para vender unos $600 millones de la cartera de préstamos de los municipios que tiene el BGF en sus libros.

Una vez el BGF recupere esos $600 millones, el Gobierno argumentó que podría otorgarle más préstamos a los municipios.

‘Son medidas para traer liquidez al Banco y que podamos seguir prestando para hacer obras. Lo que estamos tratando es que poco a poco nos alejemos de dar prestado para financiamiento deficitario y cada vez más sea para hacer obras, para hacer mejoras, para construcción a largo plazo’, sentenció Acosta.

Por su parte, Pagán destacó que si no se aprueban las medidas y el Gobierno no puede hacer emisiones de bono,no se podrá seguir cogiendo prestado y se van a tener que financiar los proyectos con fondos propios.

‘Cuando un alcalde quiera hacer obra va a tener que tener un superávit de su presupuesto y con ese superávit hacer obras’, sentenció Pagán.

En el trasfondo de esta controversia sigue latente, la condenada prática de ir al mercado para buscar financiamiento, en aras de compensar las disparidades entre el exceso de gastos gubernamentales versus los limitados ingresos que llegan al fisco.