La decisión del juez federal Francisco Besosa el viernes de declarar nula la llamada ley de ‘quiebra criolla’ causa dudas y preocupación sobre la disposición de sindicatura y manejo de deudas que contiene la ley de la ‘crudita’ y que sería aplicable a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), dos de las corporaciones públicas con finanzas más debiles.

La ley que aumenta el impuesto al crudo del petróleo tiene un capítulo para reestructurar las finanzas de las operaciones de la ACT y de la ATI.

Ese capítulo crea un Comité Supervisor que realizará un estudio de viabilidad de ambas entidades. Si el Comité Supervisor concluye que el problema financiero u operacional se puede remediar satisfactoriamente mediante la concretización de un Acuerdo de Mejoramiento, el mismo tendrá que suscribir dicho acuerdo.

En caso de que el Comité Supervisor concluya que el problema financiero u operacional no puede resolverse efectivamente con un Acuerdo de Mejoramiento se nombrará un Oficial de Emergencia para la ACT y la ATI que estará facultado para emitir todo tipo de reglas y órdenes que considere necesarias para rediseñar la estructura operacional y financiera de las referidas corporaciones públicas.

El senador Luis Daniel Rivera dijo que la decisión del Tribunal Federal es una lamentable que le cierra las puertas a Puerto Rico. ‘Si no se pueden negociar las deudas de las corporaciones públicas se afectan los servicios’, dijo.

Rivera añadió que aunque las herramientas de negociación siempre están ahí, Puerto Rico ahora depende de la buena fe de los acreedores para poder renegociar la deuda de las corporaciones públicas. ‘Un poco esta ley nos daba garras y ahora dependemos de la buena fe de los acreedores’, dijo.

Puerto Rico ahora necesitará hacer todos los esfuerzos para reducir los gastos de las corporaciones públicas y llevarlas a flote para así evitar un incumplimiento o un impago porque esto último pondría a las mismas en riesgos de ser demandadas o de tener que ser puestas bajo sindicatura.

‘El Departamento de Justicia debe ir a apelar a Boston porque esa decisión le quita al gobierno la posibilidad de en caso de ser necesario de cara a la situación económica y fiscal el poder reestructurar la deuda y no entrar en incumplimiento…Esto fue una iniciativa del pueblo de Puerto Rico para poder proteger al pueblo’, dijo el expresidente del Senado Antonio Fas Alzamora.

La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71), fue aprobada en junio pasado tras una evaluación legislativa de tan solo 24 horas sin vistas públicas.

Al anular la ley, el juez Federal Francisco Besosa indicó que no solo viola la cláusula de supremacía, que establece que las leyes federales van por encima de una ley local que esté en conflicto y que el campo está ocupado sino que viola la cláusula constitucional que prohibe leyes que menoscaben obligaciones contractuales, y la cláusula que prohibe al gobierno tomar propiedad privada sin justa compensación, o lo que se conoce como el ‘Taking Clause’.

La demanda contra el gobierno de Puerto Rico fue sometida en junio de 2014 por varias empresas que poseen en conjunto cerca de $2 mil millones de dólares en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Aunque respetan la decisión de Besosa, algunos abogados conocedores del área de quiebras insistieron a NotiCel que Puerto Rico si puede hacer su propia ley debido a que no se puede cobijar bajo la ley federal y difirieron con su aseveración de que es campo ocupado. Besosa dijo que aunque Puerto Rico no puede acogerse a la ley de quiebras federal, el propio estatuto le prohibe hacer su propia ley de quiebras, que en este caso era solo para cobijar corporaciones públicas que en total tienen una deuda de sobre $20 mil millones.

Aunque ninguna corporación pública se acogió a la ley de quiebras local, la misma sirvió para que la AEE pudiera sentarse a negociar con sus acreedores ya que la misma se había aprobado precisamente para cobijar a la AEE ya que los acuerdos con los bonistas les permite designar un síndico en la eventualidad de un impago. Al presente, la AEE está en el proceso de hacer un plan de reestructuración luego de haber llegado a un acuerdo de indulgencia con sus acreedores. Ese plan debe entregarse en marzo pero la AEE solicitó posponer la entrega para junio. Ahora ese plan podría descarrilarse.

El representante Jose Luis Báez dijo que ‘no hay impacto más allá porque la ley no se llegó a implantar pero que es una herramienta que ayuda a las corporaciones públicas hacer una reestructuración ordenada y organizada.’

Báez dijo que otras corporaciones públicas con serios problemas fiscales podrían seguirle los pasos a la AEE y llegar a acuerdos con acreedores que les permitan hacer una reestructuración de sus finanzas pero dijo que ese esfuerzo será cuesta arriba, complejo y costoso.

Ante indisponibilidad de esta ley, no habrá un mecanismo para proteger a las corporaciones publicas y los servicios. ‘Habría que recurrir a alguna acción administrativa legal en caso de que las corporaciones públicas necesiten reestructurar su deuda porque no hay un orden’, dijo.

El licenciado John Mudd, quien laboró en el área de quiebras, dijo que el problema es que la ‘quiebra criolla’ conflige con la Sección 903 de la ley federal al destacar que una corporación pública puede restructurar su deuda con el consentimiento de un porciento pequeño de los acreedores. Según explicó la ley federal requiere unanimidad. Mudd ve muy difícil una solución para Puerto Rico que no sea que se enmiende la Ley de Quiebras para que Puerto Rico pueda acogerse a la misma. Explicó que el gobierno no puede apelar la decision de Besosa porque todavía no hay un ‘judgment’ o decisión final como tal porque dejó dos causas de acción vivas.

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Tribunal federal anula la ley de ‘quiebra criolla’ (documento)