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Junta de Supervisión Fiscal exige transparencia al Gobierno

Pero no ofrece un desglose completo de sus propios gastos

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Junta de Supervisión Fiscal exige transparencia al Gobierno

Junta de Control Fiscal. (Suministrada)

Aunque asegura que sus asesores son contratados mediante procesos competitivos y que sus facturas están sujetas a revisiones independientes, el organismo no identificó a sus diez principales proveedores ni detalló cuánto dinero ha reducido o recuperado por cargos objetados.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo con autoridad para examinar y cuestionar contratos del Gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal PROMESA, sostiene que sus propias contrataciones están sujetas a mecanismos de competencia, supervisión y controles independientes. Sin embargo, al ser cuestionada sobre cuánto dinero desembolsa por sus asesores y qué resultados obtiene a cambio, no ofreció varios de los desgloses solicitados.

Como parte de una investigación sobre los procesos de contratación pública y la fiscalización de los recursos, se solicitó a la Junta información sobre sus principales proveedores, los contratos de mayor cuantía, los procedimientos de selección de consultores y los mecanismos utilizados para revisar las facturas de sus asesores.

Aunque el organismo señaló que mantiene contratos, presupuestos e informes financieros disponibles públicamente, no proporcionó un listado consolidado de sus diez principales proveedores desde 2016 ni el total recibido por cada uno.

La respuesta adquiere relevancia porque la Junta ha cuestionado en múltiples ocasiones las condiciones económicas de contrataciones gubernamentales y ha requerido información adicional para evaluar el costo de determinados acuerdos.

Sin desglose de sus principales contratistas

Entre los requerimientos enviados a la Junta figuró identificar a los diez proveedores que más dinero han recibido directamente del organismo desde 2016, con un desglose por año y una separación de los gastos relacionados con los procedimientos de reestructuración bajo el Título III de PROMESA.

La Junta no entregó el listado solicitado. En cambio, remitió a sus presupuestos, informes financieros y contratos publicados en su portal electrónico.

El organismo también aclaró que más del 40% de los honorarios y gastos de reestructuración aprobados correspondían a partes ajenas a la Junta, entre ellas el Gobierno de Puerto Rico y distintos comités participantes en los procedimientos judiciales.

La distinción es importante porque no todos los gastos asociados con la quiebra y la reestructuración de la deuda representan desembolsos contratados directamente por el organismo fiscal.

Sin embargo, la contestación tampoco identificó directamente cuál es el contrato individual de mayor valor que mantiene vigente, quién es su proveedor, cuál fue su cuantía original ni cuánto han representado sus enmiendas.

Consultores seleccionados por competencia

La Junta sostuvo que prácticamente todos sus consultores fueron seleccionados mediante procesos públicos y competitivos.

Entre las firmas mencionadas en su respuesta figuran Proskauer Rose, O’Neill & Borges, McKinsey, Kobre & Kim y Bernstein, Shur, Sawyer & Nelson.

Según explicó, sus principales asesores fueron seleccionados inicialmente por los miembros del organismo y posteriormente por su personal ejecutivo, sujeto a aprobación.

No obstante, cuando se solicitaron cifras sobre cuántos contratos fueron adjudicados mediante competencia y cuántos por negociación directa entre los años fiscales 2021 y 2026, la Junta no proporcionó los números.

Tampoco detalló cuántas propuestas recibió para contratar o renovar los servicios de Ernst & Young, McKinsey y Proskauer, ni presentó los resultados de las evaluaciones comparativas.

El organismo justificó la continuidad de algunos asesores por la necesidad de preservar el conocimiento institucional y los trabajos relacionados con litigios, planificación fiscal y reestructuración de deuda.

Aunque esa continuidad puede evitar costos asociados con la sustitución de profesionales en procesos complejos, permanece la interrogante sobre cómo se determina que una renovación sigue siendo económicamente conveniente y cuándo corresponde abrir nuevamente una contratación a competencia.

La Junta indicó que revisa sus contratos anualmente y renegocia sus condiciones cuando corresponde, pero no identificó cuáles fueron renegociados, cuánto se redujeron sus tarifas ni qué comparaciones de mercado respaldaron los honorarios aprobados.

¿Cuánto dinero se ha ahorrado al revisar las facturas?

Otro de los asuntos examinados fue el mecanismo de revisión de las facturas de los asesores.

La Junta aseguró que estas se someten a examinadores independientes designados por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, por el propio organismo o por ambos, según corresponda.

En los procedimientos bajo el Título III, la retención y compensación de profesionales también están sujetas a aprobación judicial.

Sin embargo, al preguntarle cuánto dinero había sido rechazado, reducido, retenido o recuperado desde 2021 por facturación improcedente, trabajos duplicados o incumplimientos contractuales, no presentó una cifra consolidada.

En su lugar, remitió a los informes de los examinadores de honorarios.

La existencia de estos mecanismos constituye un control relevante, pero no permite conocer por sí sola cuánto dinero se ha evitado desembolsar ni cuántas facturas han sido objetadas.

Tampoco se ofreció un desglose que permitiera identificar quién certifica que los servicios contratados fueron efectivamente recibidos y satisfactoriamente completados antes de autorizar los pagos.

La Junta reclama $76,000 millones en beneficios financieros

En defensa de los resultados de su gestión, la Junta presentó cifras que considera evidencia de los beneficios económicos alcanzados desde la implementación de PROMESA.

Según su contestación, sus actuaciones han producido más de $76,000 millones en beneficios financieros para Puerto Rico, equivalentes a un retorno estimado de $38 por cada dólar invertido en cumplir con la legislación federal.

También informó que doce procesos de reestructuración redujeron en casi un 60% una deuda financiera de $63,000 millones y eliminaron más de $55,000 millones en pagos proyectados de principal e intereses durante cuatro décadas.

Estas cifras representan una parte importante del argumento económico que utiliza el organismo para defender su gestión. Sin embargo, la reducción de obligaciones futuras no equivale necesariamente a dinero disponible inmediatamente para financiar servicios públicos.

La Junta también informó que desde 2016 han finalizado 58 contratos, de los cuales catorce concluyeron durante el año fiscal 2026.

Asimismo, sostuvo que la facturación de McKinsey y Ernst & Young se redujo en un 50% desde el año fiscal 2024 y que el gasto total relacionado con PROMESA en los presupuestos de la Junta y del Gobierno disminuyó un 47% en dos años.

Pero cuando se solicitó una conciliación detallada que permitiera reproducir esos cálculos, el organismo presentó los porcentajes sin acompañarlos de una tabla que identificara las partidas, los gastos iniciales y los costos que permanecen.

La rendición de cuentas también alcanza al fiscalizador

Las respuestas de la Junta describen una estructura de contratación y supervisión que incluye procesos competitivos, aprobaciones internas, revisiones independientes y mecanismos judiciales.

No obstante, la información ofrecida no permite reconstruir con facilidad cuánto ha recibido cada uno de sus principales proveedores, cuánto se ha reducido mediante negociaciones o revisiones de facturas y qué resultados específicos justifican los gastos.

La publicación de contratos e informes constituye un mecanismo de transparencia. Pero permitir que la ciudadanía pueda relacionar cada contrato con sus enmiendas, pagos, servicios recibidos y evaluaciones de desempeño representaría un nivel adicional de rendición de cuentas.

La pregunta no es únicamente cuánto dinero afirma haber ahorrado la Junta. También es cuánto costó conseguir esos resultados y qué metodología permite comprobarlos.

El organismo que exige al Gobierno explicar sus contrataciones y justificar el uso de fondos públicos también debe estar dispuesto a ofrecer información clara y verificable sobre sus propias operaciones.

Porque la autoridad de fiscalizar no exime de la obligación de rendir cuentas.

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