Jenniffer González Colón aprobó iniciativas para proteger a los adultos mayores en el acceso a servicios digitales y agilizar proyectos tecnológicos financiados con fondos federales.
Archivo/NotiCel
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en la Ley 208-2026 el Proyecto de la Cámara 1164, de la autoría del representante Fernando Sanabria, para proteger el acceso de los adultos mayores a servicios públicos y privados, sin discrimen por falta de conocimientos tecnológicos o acceso a internet.
La medida enmienda la Ley 121-2019 para garantizar orientación, asistencia accesible y alternativas presenciales razonables al realizar gestiones esenciales mediante plataformas digitales.
Además, convirtió en la Ley 209-2026 el Proyecto de la Cámara 319, del representante Luis “Junior” Pérez, que establece un plazo de 90 días laborables para revisar, evaluar y aprobar proyectos tecnológicos de agencias gubernamentales financiados totalmente con fondos federales. La legislación busca agilizar los procesos y facilitar el uso oportuno de esos recursos.
Por otra parte, González Colón vetó los proyectos de la Cámara 181 y 279, y las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63, tras señalar preocupaciones fiscales, operacionales y regulatorias.
El Proyecto 181, relacionado con el acceso de personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas, fue vetado por imponer obligaciones sin identificar los recursos necesarios. Las agencias concernidas estimaron aumentos en gastos de $250,000 y $100,000, mientras WIPR condicionó sus responsabilidades a contar con financiamiento.
El Proyecto 279, sobre la disponibilidad de torniquetes y el adiestramiento para utilizarlos en agencias y escuelas públicas, tampoco identificó todos los recursos necesarios. Salud estimó en unos $150,000 los costos de desarrollar y mantener un registro y ofrecer capacitación, mientras Educación señaló gastos adicionales y asuntos pendientes sobre el personal.
En cuanto a las resoluciones 62 y 63, relacionadas con el alumbrado público en Mayagüez y San Germán, respectivamente, la gobernadora sostuvo que las iniciativas deben integrarse al marco de colaboración establecido en la Ley 174-2026 para evitar duplicidad de esfuerzos, costos sin garantías de reembolso y riesgos para fondos públicos y federales.
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