Advierten que una decisión adversa pondría en riesgo el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura bajo el modelo de APP en sectores clave como carreteras, puertos, aeropuertos, vivienda, telecomunicaciones y sistemas de agua.

El Tribunal Supremo ha aceptado la entrada de la Asociación de Industriales al caso entre el gobierno y LUMA Energy en que se discute la posible nulidad del contrato de la privatizadora.

Esto significa que la organización, sin vinculación legal en el caso, entra al caso para ilustrar al tribunal sobre algún punto de la controversia.

La organización busca defender la certeza jurídica y la validez de la extensión del contrato de LUMA Energy, advirtiendo sobre las graves consecuencias económicas de invalidar un acuerdo suscrito por el propio gobierno.

La Asociación de Industriales destaca la necesidad de respetar la contratación gubernamental. Argumentan que anular un pacto vigente lacera la credibilidad internacional de la isla y la confianza necesaria para hacer negocios y atraer inversiones.

Advierten que una decisión adversa pondría en riesgo el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura bajo el modelo de APP en sectores clave como carreteras, puertos, aeropuertos, vivienda, telecomunicaciones y sistemas de agua.

Sostienen que LUMA actuó bajo el amparo legal de la carta de extensión provista por el gobierno y realizó inversiones de capital sustanciales basadas en dicha vigencia.

Además, señalan que una transición abrupta en la red eléctrica pondría en peligro la continuidad operacional de la manufactura. Este sector es crítico para la economía del país, ya que genera el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) y alberga industrias altamente reguladas como la farmacéutica y la biotecnología.