“Vamos a contestar todo lo que plantearon y, ciertamente, hay otros posibles operadores que estarían dispuesto a entrar en contratación con el gobierno”, sostuvo la gobernadora.

La gobernadora Jenniffer González Colón catalogó de “falsas” las advertencias de LUMA Energy si no se da por bueno el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA, en inglés) y adelantó que así quedará demostrado en las respuestas que someta ante el Tribunal.

Los representantes legales de LUMA Energy advirtieron ante el Tribunal Supremo que los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sufrirán las consecuencias si se concede la cancelación del contrato para la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Las pérdidas podrían ascender a los $1,300 millones y, a su vez, ponen en peligro cerca de 4,000 empleos.

“Son completamente falsas”, aseguró González Colón. “Primero, están incluyendo los costos que se pagarían entre ellos y la matriz, así que están inflando los números. Lo vienen haciendo desde el 2024”.

El gobierno sostiene la extensión del contrato con LUMA es inválida y, por ello, acudió a los tribunales para dar por terminada la relación para darle paso a la búsqueda de otro operador.

“No se completó el proceso de enmendar un contrato y con una sola carta, el gobierno lo extendió sin pasar por la legislatura ni seguir los debidos procesos de ley. Se extendió un contrato millonario que está pagando el pueblo de Puerto Rico”, insistió la gobernadora.

“No han explicado como se incendió en una subestación de Sabana Llana, tampoco las averías y los apagones que hemos tenido durante las pasadas semanas. Siempre hay una excusa mientras gastan demasiado dinero en anuncios que le cuestan al pueblo. Decir que nos costaría $1,300 millones es falso”, indicó.

Asimismo, González Colón cuestionó si LUMA ha cumplido con las responsabilidades de reparar la red, así como realizar los trabajos de poda y desganches sobre las líneas de transmisión.

La gobernadora reclamó que el Departamento de Energía federal ha asignado dinero que permanece sin utilizar.

“Son contratos que están asignados desde el huracán (María de 2017). Creo que LUMA ha sido irresponsable con el manejo de los fondos que tiene asignado y mienten descaradamente. Vamos a contestar todo lo que plantearon y, ciertamente, hay otros posibles operadores que estarían dispuesto a entrar en contratación con el gobierno. Le hemos planteado el tribunal que tiene que haber una transición”, sostuvo.