La organización presentó memoriales sobre tres medidas que abordan la instalación de cámaras de videovigilancia, la tipificación de delitos cibernéticos y el uso de sistemas automáticos para leer tablillas de vehículos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico reclamó el lunes a la Asamblea Legislativa que celebre vistas públicas antes de continuar con tres medidas que ampliarían el uso de mecanismos de vigilancia y que, según la organización, podrían afectar derechos constitucionales.

“Al presentar nuestro análisis sobre estas medidas, reiteramos nuestro llamado a los legisladores a convocar vistas públicas y permitir la discusión amplia y transparente sobre las implicaciones que proyectos como estos tienen o pueden tener sobre los derechos de las personas. El país necesita seguridad pública, pero esa meta no se alcanza con la hipervigilancia”, dijo la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annete Martínez Orabona, en declaraciones escritas.

La organización presentó memoriales explicativos sobre tres medidas que se encuentran bajo consideración legislativa y que abordan la instalación de cámaras de videovigilancia, la tipificación de delitos cibernéticos y el uso de sistemas automáticos para leer tablillas de vehículos.

Una de las propuestas busca requerir cámaras de videovigilancia en establecimientos que soliciten o renueven licencias para vender bebidas alcohólicas. La ACLU cuestionó que la medida no establezca con claridad las limitaciones sobre la información que podría solicitar el gobierno ni las salvaguardas para los datos recopilados.

“De la redacción del proyecto no surge con claridad cuáles serían las limitaciones sobre la información que podría ser requerida o entregada al Estado, de ser solicitada, ni qué salvaguardas se establecerían para proteger la intimidad, la libertad de expresión y el debido proceso de ley de las personas”, sostuvo la abogada de Política Pública de la organización, Lolimar Escudero Rodríguez.

Respecto al Proyecto del Senado 974, que busca tipificar delitos cibernéticos y enmendar el Código Penal, la ACLU planteó que algunas definiciones podrían alcanzar expresiones protegidas constitucionalmente.

Según la organización, la definición propuesta para el delito de violación a la intimidad podría utilizarse contra investigadores, periodistas o activistas que divulguen información relacionada con el gobierno.

“Ello tiene un impacto en la libertad de expresión, pues definiciones imprecisas pueden ser instrumentalizadas para fiscalizar o criminalizar el discurso público, la protesta en línea o la crítica hacia funcionarios públicos en redes sociales, por ejemplo”, expresó Escudero Rodríguez.

Por su parte, el Proyecto de la Cámara 897 propone cambios a la Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit & Run y a la Ley de la Policía de Puerto Rico e incluye el uso de sistemas de lectura automática de tablillas, conocidos como ALPR.

“La seguridad pública es un objetivo común. Sin embargo, una medida de ley como esta, que considera el uso de tecnologías como los sistemas de lectura automática de tablillas, requiere una discusión amplia que incluya la consideración y reconocimiento de las amenazas y posibles violaciones de derechos constitucionales que vienen atadas a este tipo de tecnología”, sostuvo Martínez Orabona.

Estos sistemas utilizan cámaras para captar imágenes de vehículos y registrar las tablillas junto con información sobre ubicación, fecha y hora. La ACLU sostuvo que la recopilación y almacenamiento de esos datos puede utilizarse para reconstruir los movimientos de las personas.