El magistrado impuso una agenda en que habría señalamientos de lunes a viernes, sobre las objeciones de la defensa, que planteó conflictos de calendario.

El  subdirector de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), Manuel Mayo López denunció el martes múltiples cambios al calendario del juicio ordenados por el tribunal de Aibonito en el caso de Antonieshka Avilés Cabrera.

Mayo López mencionó que, en esta ocasión, “el tribunal unilateralmente estableció un nuevo calendario de vistas, sin tomar en consideración que las abogadas del caso ya habían ajustado sus calendarios para cumplir con la orden anterior del juez. Ante la controversia creada por el mismo tribunal, la propuesta solución del juez Juan Reyes fue exhortar a las abogadas que no se puedan ajustar al calendario a solicitar el relevo de representación legal”.

“Estas actuaciones reflejan una preocupante falta de sensibilidad hacia el ejercicio de los derechos constitucionales de toda persona acusada a contar con una representación legal adecuada y efectiva. Un juez no puede dictar cual es el equipo de defensa de una persona acusada. La administración del calendario judicial no puede realizarse de espaldas a la realidad de quienes tienen la responsabilidad de garantizar una defensa plena, particularmente cuando se trata de abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal, cuya misión es representar a las personas que no cuentan con recursos económicos para contratar representación privada”, dijo Mayo López en declaraciones escritas.

“Ignorar los compromisos profesionales y personales previamente calendarizados, así como ignorar la distancia que las abogadas deben recorrer para cumplir con su deber de representación a la joven Anthonieska, demuestra una falta de sensibilidad tanto hacia la joven acusada como hacia las abogadas del caso”, añadió.

Según el abogado, “este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las personas de escasos recursos para hacer valer plenamente sus derechos dentro del sistema de justicia. El caso visibiliza las dinámicas de poder que afectan a una adolescente acusada y a las abogadas que la representan, en momentos en que el respeto al debido proceso y a la igualdad ante la ley debería ser la principal prioridad.”