Los dueños de terrenos donde ubican instalaciones como el hotel Dorado Beach Resort y Ritz Carlton Reserve demandaron a corporaciones del desarrollador Gerard Gil Bonar y al abogado David Efron por sus trámites para construir en Dorado un hotel de la bandera Hilton Garden Inn financiado parcialmente con fondos federales de reconstrucción.

La petición legal sometida el 22 de julio pasado no es la primera que tiene que ver con la construcción del proyecto, que abarca el hotel de siete pisos y 171 habitaciones, así como 17,500 pies cuadrados de espacio comercial (con 15 locales) y un centro de cuido para adultos mayores de tres pisos y 56 habitaciones.

Una primera reclamación está encabezada por la Paseos de Dorado Property Owners Association, Inc. (PDPOA), una entidad que agrupa a los 755 dueños de unidades de la urbanización Paseos de Dorado. Actualmente, el Tribunal Supremo tiene pendiente desde mayo una revisión de ese pleito, después de que los tribunales de Primera Instancia y de Apelaciones fallaran en contra de la asociación bajo el razonamiento de que querían impugnar los permisos que el gobierno emitió a favor del proyecto, pero sin haber participado en el proceso administrativo.

DBR Dorado Owner LLC (DBR), la demandante en el segundo pleito, había intentado intervenir en la demanda de PDPOA, pero el tribunal no lo permitió. Ahora, en su propia demanda, DBR descarta totalmente lo relacionado a los permisos y se concentra en el punto que querían presentar en el otro pleito y no le permitieron: que los terrenos donde se construye el proyecto están gobernados hace décadas por restricciones en sus escrituras que prohíben cualquier desarrollo que no sea residencial y, específicamente, prohíben edificaciones de más de dos pisos de altura, lo que contrasta con los siete pisos del hotel en construcción. Además, plantean que tienen pactada una servidumbre de pozos y tuberías en los terrenos del proyecto.

Efron está demandado personalmente porque es suscribiente de esas escrituras de 1989 y 1995 que establecían las restricciones. El desarrollador Gil Bonar está demandado mediante las entidades The Dawn Hotel at Dorado LLC y Paseo San Antonio Inc., que son las involucradas en adquirir los terrenos de parte de Efron donde se realiza la construcción desde fines de 2024. Parte del financiamiento de las obras son $18.4 millones en fondos federales que el Departamento de la Vivienda (DV) concedió en diciembre de 2024 a la entidad The Dawn Hotel at Dorado, y que vencen el próximo 3 de diciembre. Otra parte son $30 millones que concedió un grupo de 15 cooperativas de ahorro y crédito encabezadas por la Zeno Gandía. También, la Compañía de Turismo concedió créditos contributivos.

Gil Bonar adquirió las fincas entre 2006 y 2007 por unos $26 millones. Según DBR, las condiciones restrictivas en las escrituras originales están vigentes y gobiernan las transacciones que hicieron Efron y Gil Bonar. Tanto así, que el 21 de abril de 2025, seis meses después de iniciada la construcción y tres meses después de que los residentes de la urbanización le emitieran una primera comunicación de cese y desista, hicieron una escritura con el propósito de eximir a los terrenos del proyecto de esas condiciones restrictivas.

DBR sostiene que, por los mismos términos de las escrituras originales, Efron no podía autorizar unilateralmente esa liberación de condiciones. Necesitaba, añadieron, la aprobación suya como dueños de propiedad adyacente y la de los dueños de propiedades en la urbanización.

Las restricciones tienen el propósito de “preservar el carácter residencial tipo resort del área protegida” y la liberalización de las mismas por parte de Efron “fue otorgada a posteriori, después del inicio de la construcción ilegal, como intento de legalizar una violación ya consumada”.

“En consecuencia, DBR solicita que este Honorable Tribunal expida un injunction preliminar y permanente que ordene la paralización inmediata de toda construcción, el cese del desarrollo hotelero, la demolición de las estructuras ilegales y la restitución del predio a un estado compatible con las condiciones restrictivas”, pidieron al tribunal.

La jueza superior Begoña de Jesús Meléndez señaló vista para discutir la solicitud de interdicto el 4 y 5 de agosto.