Lo que el mundo ya hace -y Puerto Rico puede aprender- para cuidar a su magistratura

En nuestra primera entrega sobre este tema, establecimos el diagnóstico: el 92% de los jueces a nivel mundial experimenta estrés laboral con frecuencia o siempre; el 69% cree que hablar de salud mental en el entorno judicial sigue siendo tabú; y el Plan Estratégico 2020-2025 del Poder Judicial de Puerto Rico —hoy vencido— no incluyó el bienestar de la magistratura entre sus ejes prioritarios.

Ofrecimos también tres propuestas concretas: reconocimiento institucional público en el próximo plan estratégico, un programa de servicios de salud mental confidenciales para toda la judicatura y la integración del bienestar en la formación continua de la magistratura. Esta segunda entrega cumple lo que la primera dejó pendiente: respaldo cada una de esas propuestas con la evidencia comparada de lo que otras jurisdicciones ya están haciendo, con resultados medibles.

No partimos de teoría. Partimos de modelos que existen, funcionan y pueden adaptarse. La pregunta ya no es si es posible cuidar institucionalmente a la magistratura. La pregunta es si Puerto Rico decide hacerlo.

Primera propuesta: el bienestar en el plan estratégico — lo que Australia y el modelo iberoamericano ya reconocen

El argumento de que el bienestar judicial debe ser un eje explícito de planificación institucional no es una ocurrencia de la Federación de la Magistratura. Es la conclusión de una Cumbre Mundial de Liderazgo Judicial celebrada en la isla de Nauru en julio de 2024, donde líderes judiciales de decenas de países adoptaron la Declaración de Nauru sobre el Bienestar Judicial. Esa Declaración no es retórica: exige a los sistemas judiciales que integren el bienestar de sus magistradas y magistrados en sus marcos de planificación institucional, con métricas de seguimiento, responsabilidades asignadas y recursos presupuestarios específicos.

Australia lleva la delantera en implementación. El Consejo Judicial Nacional de Australia desarrolló, a partir de 2021, un Marco de Bienestar Judicial que incluye evaluaciones anuales del estado emocional de la magistratura, protocolos específicos de respuesta ante situaciones de crisis, y la designación de jueces y juezas de bienestar —pares entrenados para identificar señales de alarma entre sus colegas y facilitar el acceso a apoyo profesional sin que medie la cadena de supervisión formal. El resultado más notable de ese modelo: los jueces que utilizaron los servicios de apoyo entre 2022 y 2024 reportaron un aumento significativo en su sensación de competencia y resiliencia para continuar ejerciendo sus funciones.

El modelo iberoamericano, más próximo culturalmente a Puerto Rico, también ha avanzado. El Código Iberoamericano de Ética Judicial —cuyo vigésimo aniversario fue tema central de la Conferencia del Poder Judicial 2026— está en proceso de actualización precisamente para incorporar, entre sus principios, el deber institucional de promover condiciones de trabajo que protejan la salud mental de quienes administran justicia. El debate sobre esa actualización, que Puerto Rico presenció en la reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe celebrada en Costa Rica en mayo de 2026, ofrece una ventana de oportunidad específica: Puerto Rico puede ser el primer sistema judicial del Caribe en incorporar ese estándar ético actualizado en su propio plan estratégico, antes de que la actualización del Código se finalice.

Segunda propuesta: servicios confidenciales — por qué la confidencialidad no es negociable

La segunda propuesta —un programa de servicios de salud mental confidenciales para toda la judicatura— es también la que más resistencia encuentra, porque toca el núcleo del tabú: la preocupación de que buscar ayuda psicológica pueda interpretarse como signo de incapacidad para ejercer la función judicial. Esa preocupación no es irracional. Es el producto de décadas de cultura institucional que equipara vulnerabilidad con incompetencia. Y es exactamente la razón por la que la confidencialidad no puede ser una característica opcional del programa; tiene que ser su condición estructural fundante.

El modelo más replicado en los Estados Unidos es el ofrecido por el National College of Juvenile and Family Court Judges a través de su Judicial Wellness Connection, una red de apoyo entre pares —jueces y juezas que se ofrecen voluntariamente a apoyar a colegas en situaciones de estrés, agotamiento o crisis— que opera enteramente fuera de la cadena de supervisión judicial. El acceso es voluntario, la participación es anónima para efectos institucionales, y la referencia a servicios profesionales de salud mental se hace de forma que no genera ningún registro en el expediente de la persona que solicita ayuda. Ese diseño no es accidental; es la condición sin la cual el programa no tendría uso.

El National Center for State Courts ha documentado que los programas de bienestar judicial que incorporan mecanismos de apoyo entre pares reportan tasas de participación significativamente más altas que los programas que dependen exclusivamente de referidos formales a través de recursos institucionales supervisados. La razón es simple: un juez o una jueza que está considerando buscar ayuda no lo hará si el primer paso es informar a alguien con autoridad sobre su situación. El programa tiene que comenzar donde el juez está —en la confidencialidad absoluta— para poder llevarlo, gradualmente, hacia el apoyo profesional especializado.

Para Puerto Rico, ese modelo es perfectamente adaptable. La Federación de la Magistratura propone que el Poder Judicial designe, en cada región judicial, un par de jueces o juezas entrenados específicamente en primeros auxilios psicológicos y en reconocimiento del trauma vicario —y que ese rol de apoyo sea reconocido institucionalmente, con tiempo asignado para ejercerlo, pero sin que implique responsabilidades de supervisión ni de reporte sobre las personas que atienden. El costo de ese programa es mínimo comparado con el costo de perder a un juez o una jueza de experiencia por agotamiento no atendido.

Tercera propuesta: formación continua real — el modelo que ya existe en la Academia Judicial

La tercera propuesta —integrar el bienestar en la formación continua de la magistratura— es la que tiene el camino más corto hacia la implementación, porque la infraestructura ya existe. La Academia Judicial Puertorriqueña cuenta con un programa robusto de educación jurídica continua, con cursos presenciales y virtuales distribuidos a lo largo del año. Lo que se propone no es crear una nueva estructura, sino incorporar contenido específico de bienestar —trauma vicario, fatiga por compasión, regulación emocional, reconocimiento temprano del burnout— como componente permanente y obligatorio de ese programa, no como oferta optativa que el juez puede ignorar.

La distinción importa. Un módulo optativo sobre bienestar judicial comunica que el tema es importante para quien quiera tomarlo. Un módulo obligatorio comunica que el sistema reconoce que el bienestar de la magistratura es parte de su responsabilidad profesional, no un asunto privado. Esa señal institucional es, en sí misma, parte del tratamiento: normaliza la conversación, reduce el estigma y establece un lenguaje común entre todos los integrantes de la judicatura sobre lo que significa ejercer una función de alto impacto emocional con sostenibilidad y dignidad.

El National Center for State Courts ha desarrollado un currículo específico de bienestar judicial —disponible gratuitamente para sistemas judiciales estatales— que incluye módulos sobre manejo del estrés asociado a la toma de decisiones de alto impacto, estrategias de desconexión emocional saludable, y técnicas de recuperación tras la exposición a evidencia o testimonios de contenido perturbador. Ese currículo, adaptado al contexto cultural e institucional de Puerto Rico, podría integrarse al programa de la Academia Judicial en el próximo término, sin necesidad de inversión adicional significativa.

El 25 de julio: una fecha, una decisión

El 25 de julio de 2026 Puerto Rico observará por primera vez el Día Internacional para el Bienestar Judicial, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2025. Esa fecha es, simultáneamente, el aniversario constitucional de Puerto Rico —el día en que en 1952 entró en vigor la Constitución que establece la Rama Judicial como poder independiente del Estado.

La coincidencia no es trivial. El mismo día en que Puerto Rico celebra la autonomía constitucional de su Poder Judicial es el día que el mundo ha elegido para reflexionar sobre si las personas que sostienen ese poder están siendo protegidas con la misma seriedad con que se protege la institución que representan. La Federación de la Magistratura de Puerto Rico exhorta al Poder Judicial a conmemorar ese día con algo más que un acto protocolar: con el anuncio concreto de que las tres propuestas que esta columna ha respaldado con evidencia comparada serán parte de la agenda institucional del próximo Plan Estratégico 2030, hoy en proceso de implementación.

No pedimos que se resuelva el problema en un día. Pedimos que se nombre, con claridad y sin eufemismos, que el problema existe, que tiene solución, y que Puerto Rico tiene frente a sí la evidencia y los modelos para resolverlo. Eso es lo que la magistratura puertorriqueña merece. Eso es lo que la justicia pública exige.

* Este artículo es publicado en representación de dicha organización en el ejercicio de sus funciones institucionales. De conformidad con el Canon 24 del Código de Ética Judicial, el autor se abstiene de expresar opinión sobre cualquier asunto pendiente ante los tribunales.