La Legislatura planifica incluir a los transportistas escolares bajo la propuesta de la Autoridad de Transporte Integrado, y aprobar las controvertibles medidas que modifican el impuesto de ventas y uso (IVU), pero sin la disposición que le da a la Secretaria del Departamento de Hacienda la potestad para aumentar el mismo.

Esas son algunas de los enmiendas que los legisladores han discutido en torno a las medidas fiscales que se dejaron pendiente para la segunda sesión extraordinaria, convocada recientemente por el Gobernador.

Aunque los legisladores aseguraron que las medidas se aprobarán ‘todas a la vez como un paquete’ lo más rápido posible, las mismas pasarán por un proceso riguroso de análisis.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, en declaraciones escritas a NotiCel el jueves dijo que los proyectos que quedaron pendientes en la sesión extraordinaria son importantes para poder comenzar el plan de financiamiento que el gobierno ha planificado y para poder ir al mercado de bonos.

La Secretaria aseguró que las dudas que han expresado los alcaldes son salvables y están siendo atendidas, ‘y nos debemos mover hacia eso. Es importante mencionar que la situación fiscal que atravesamos como País, requiere que todos contribuyamos para echar a Puerto Rico hacia adelante. Todo lo que estamos haciendo va dirigido a eso’, apuntó Acosta.

No obstante, legisladores entrevistados por NotiCel insistieron que no prevén una tercera sesión extraordinaria.

‘Está descartada por completo una sesión extraordinaria en lo que compete al Senado’, sentenció el portavoz de la mayoría, Aníbal José Torres. Las medidas serán atendidas el 13 de enero.

No obstante, ya se han anticipado algunos cambios.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Hernández, dijo que el proyecto que integraría al Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), bajo la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), se enmendará para incluir a transportistas escolares. Además, se incluirá una disposición que fue solicitada por TUAMA, la unión de la AMA, para que se respeten los convenios colectivos y se garanticen los empleos.

Por su lado, el presidente de la Comisión del Gobierno del Senado, Ángel Rosa, anticipó que hará cuantas vistas públicas sean necesarias del proyecto de la ATI para asegurar la continuidad del transporte masivo, que se cumpla con las disposiciones del patrono sucesor, y que la nueva entidad pueda adquirir deuda.

La medida es necesaria para darle algo de liquidez a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que está cargando con un déficit de $90 millones del Tren Urbano. La ACT es una de las entidades que tiene comprometida la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

‘Además de resolver el problema fiscal, debemos atender el tema de la transportación’, afirmó Rosa.

De otra parte, Hernández aseguró que los proyectos que modifican el IVU serán aprobados pero sin la disposición que le da a la Secretaria de Hacienda la potestad de aumentar el mismo si los recaudos no dan.

Los proyectos crean la Ley del Fondo de Administración Municipal y la Corporación de Financiamiento Municipal.

Hernández dijo que los proyectos serán enmendados para asegurarse que el dinero del impuesto llegue a los municipios. Además aseguró que los municipios tendrán participación de otros tipos de impuesto.

El proyecto de la Ley del Fondo de Administración Municipal reduciría .5% a la cantidad del IVU que reciben los municipios. Ese .5% se transfiere al gobierno estatal elevándolo a 6%. La otra medida crea la Corporación de Financiamiento Municipal, adscrita al BGF, para controlar y disponer de una parte de los ingresos y recaudos del 1% del IVU que reciben los ayuntamientos.

Otra medida que quedó pendiente es la que crea una junta para la ACT que, según Rosa, es para darles más confianza a los bonistas. Rosa dijo que quería asegurarse de que las personas que formen parte de la junta sean las más adecuadas porque Carreteras debe ser una entidad que sirva para instrumentar la red vial y los peajes.

Además, los legisladores deben evaluar en enero la medida que dirige a ciertas entidades a formalizar sus adelantos y compromisos de repago y refinanciar sus deudas con el BGF, medida necesaria para darle liquidez al banco.