El vendedor ambulante José “Pellito” Santiago, quien hizo una caminata de 14 días para protestar porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) lo desalojó del lugar donde vende productos agrícolas en Cayey, dijo el jueves a la Cámara de Representantes que le condicionaron una reunión con la gobernadora a que le pidiera perdón públicamente por haberla catalogado de insensible.

La expresión ocurrió durante una vista de la Comisión de Transportación e Infraestructura, que examina tres resoluciones conjuntas de ese cuerpo (las 358, 363 y 366) sobre cómo atender esta actividad comercial en los márgenes de las carreteras de la isla.

La controversia comenzó en mayo, cuando vendedores como Santiago protestaron órdenes del DTOP para que desalojaran sus áreas en 10 días. Como protesta, el propietario de Finca Los Pellos, comenzó a transmitir por redes sociales una caminata hacia San Juan, que generó apoyó para su causa y que culminó el 14 de junio cuando llegó a San Juan.

El día ante de la culminación de la caminata, la gobernadora Jenniffer González Colón, ordenó al DTOP dejar sin efecto las cartas de desalojo, sujeto a una revisión de los reglamentos aplicables, mientras que el día después de al culminación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recibió en el Capitolio a Santiago y otros vendedores ambulantes.

El 8 de junio, durante una intervención en televisión, Santiago dijo que no había logrado comunicación con la gobernadora ni el secretario del DTOP. “Le pedimos a la gobernadora diálogo… le digo a la gobernadora que para gobernar hay que tener humildad y hay que mirar al pueblo”, dijo como “mensaje directo” a la mandataria.

Todavía hoy no ha ocurrido la reunión con la gobernadora y Santiago dijo a la comisión que fue objeto de dos intervenciones como parte de su protesta.

La primera fue la semana pasada cuando dos hombres quienes no se identificaron, “uno era gordito, el otro era calvo”, llegaron a su casa en una “guagua negra de estas Lincoln” sin tablilla y “me dijeron que dejara el tema”. Específicamente, “me ofrecieron ayuda económica si dejaba el tema de los vendedores ambulantes”.

La segunda, que no ubicó en tiempo, fue cuando “el señor que era alcalde de Yauco, Abel Nazario, se nos acercó y quería que nosotros públicamente pidiéramos disculpas para poder tener una reunión en La Fortaleza”. Esto fue en persona y por teléfono y específicamente la condición era que pidiera disculpas “por decir que ella no tiene humildad”.

Nazario ha aparecido como defensor de la gobernadora en distintos foros y la senadora Jamie Barlucea indicó que intervino con un empleado de su oficina para amenazarlo con retirarle empleados por destaque. Esta facultad la ejerce la gobernadora a través del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández.

Como parte de la vista, Santiago defendió también que los vendedores ambulantes son mayormente adultos mayores que mercadean productos agrícolas ante los recortes de sus pensiones y el impacto de la inflación. Abogó porque se habiliten espacios para los vendedores en carreteras municipales y se facilite la obtención de patentes municipales para su actividad comercial.

Otro agricultor deponente, Juan Gabriel López, aseguró que unos 15,000 vendedores pueden afectarse por las medidas de desalojo y argumentó que los hoyos en las carreteras y los problemas de alumbrado son más peligrosos en las vías que la presencia de vendedores ambulantes.

“La ubicación inadecuada de estas estructuras, vehículos o actividades comerciales representan un riesgo para la seguridad vial. Al constituir un elemento de distracción para los conductores en algunos casos, limitan la visibilidad de rotulación oficial, obstaculizan la circulación del tránsito y en determinadas circunstancias, se pueden convertir un obstáculo que dificulta las labores de emergencia y mantenimiento de la infraestructura vial. En ocasiones, han causado daños a valla de seguridad, letreros y taludes causando debilitamiento del terreno”, planteó, por su parte, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

Incluso, mencionó que, según un informe emitido por la Comisión de Seguridad en el Tránsito, se han registrado desde el 2019 al 2026, 359 choques contra este tipo de negocios, de los cuales 62 fueron contra el puesto, el vendedor o clientes.

De estos 62 incidentes, 59 fueron causados por vehículos de conductores que impactaron a la estructura o los clientes y tres en el que el auto del mismo dueño del negocio colisionó con el negocio. En este grupo se registraron dos fatalidades y 27 heridos. El resto de los 297 choques se registraron en el área de operación a la orilla de la carretera.

En la vista surgió también que la práctica de los vendedores ambulantes en las carreteras está prohibida por el Reglamento 6172 de la agencia, del 28 de junio de 2000, pero el Código Municipal del 2020 confiere a los municipios la facultad de reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes dentro de sus respectivas jurisdicciones, cuando se le expide al comerciante un certificado de patente municipal.