La herramienta del gobierno federal existe desde 1990 pero hay múltiples advertencias sobre cómo usar su información, empezando porque no constituye ciencia probada.

Desde el 1990, y como parte de un monitoreo que se realiza después de la autorización de alguna vacuna, tanto el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés) como la Administración federal para Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) establecieron un sistema para que profesionales de la salud y pacientes puedan reportar cualquier reacción adversa que entiendan que surgen con relación al uso de una vacuna.

El nombre de la herramienta es Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) y pocas veces aparece en la discusión pública. Pero ahora, como parte de los argumentos de oposición a las vacunas contra el COVID-19, la herramienta es citada regularmente como fuente confiable en esfuerzos de desinformación que protagonizan grupos civiles antivacuna o antivacunación compulsoria, como el que apareció esta semana en el programa Jugando Pelota Dura, y medios de comunicación, usualmente de línea editorial conservadora y de extrema derecha.

Al mirar las fuentes oficiales, el CDC y la FDA, se aclara qué es el VAERS y cuáles son sus usos y sus limitaciones. Además, los argumentos antivacunas basados en el VAERS ya fueron presentados ante un tribunal, y finalmente descartados, en el caso que el juez Alfredo Martínez Piovanetti decidió el 6 de agosto pasado sin que todavía se haya solicitado reconsideración o revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

Según establece la FDA, “el propósito del VAERS es detectar posibles señales de eventos adversos que ocurren después de la administración de las vacunas autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos”. El sistema se alimenta de la divulgación voluntaria que hacen los pacientes y de ciertas divulgaciones obligatorias que hacen proveedores de salud. Proveer información falsa a sabiendas en uno de estos reportes es un delito federal con pena de multa y cárcel.

Estos eventos no pueden confundirse con “efectos secundarios” de una vacuna porque para que un “evento adverso” se pueda convertir en “efecto secundario” tiene que pasar por exámenes médicos al final de los cuales se haría una adjudicación oficial de “efecto secundario” y el mismo se añadiría al material escrito que acompaña cada vacuna y que los pacientes pueden leer para informar su consentimiento a la vacunación.

Esta naturaleza voluntaria y abierta de la información que llega a la base de datos del VAERS es lo que precisamente marca las limitaciones de lo que se puede interpretar o hacer con esa información.

“Los informes de VAERS por sí solos generalmente no se pueden usar para determinar si una vacuna causó o contribuyó a un evento adverso o padecimiento. Algunos reportes pueden contener información incompleta, imprecisa, coincidental o no verificable. Los informes de VAERS usualmente carecen de información contextual, como el total de vacunas administradas o comparativas con grupos no vacunados. La mayoría de los informes en VAERS son voluntarios, lo cual significa que pueden estar sujetos a prejuicios. Los datos de VAERS siempre deben ser interpretados con estas limitaciones en mente”, advierte el CDC.

“VAERS no puede comprobar si una vacuna fue o no fue la causante de un problema. De hecho, muchos de los problemas que se reportan a VAERS no fueron causados por vacunas”, declara más directamente otro folleto informativo del gobierno federal.

Tan reciente como el 19 de agosto pasado, dos científicos políticos, Dominik Stecula (de la Universidad de Colorado) y Matthew Motta (de la Universidad de Oklahoma) publicaron una investigación en la que concluyeron que la naturaleza voluntaria y libre de los reportes que se hacen a VAERS lo convierten no en una herramienta científica, sino en una que mide las actitudes de las personas con las vacunas. Tras un análisis, los profesores vincularon los aumentos en reportes al VAERS con cobertura noticiosa sobre las preocupaciones médicas con las vacunas. Funciona más como “un sondeo de opinión pública”, concluyeron. Como caso de prueba, usaron los reportes al VAERS que se hicieron después de que en 1998 se publicara un estudio, eventualmente retirado por sus propios autores, que proponía un vínculo entre las vacunas y el autismo.

En la demanda ante el juez Martínez Piovanetti, los reclamantes usaron el VAERS como fuente que corroboraba su argumento de que la vacuna no es segura y causa efectos secundarios que todavía se desconocen. Esto lo vincularon con otro estudio que concluyó que solo una décima parte de las personas que sienten algún efecto adverso hacen un reporte en VAERS. “Esto no es una especulación”, aseguraron.

Pero el juez en su sentencia concluyó, basándose en fuentes científicas y en el testimonio de la Principal Oficial Médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, que “los datos que se recopilan en el VAERS pueden contener información incompleta, imprecisa, anecdótica y poco confiable, que de ningún modo serían admisibles en un tribunal de derecho”. “Tampoco necesariamente reflejan una causalidad científica entre la muerte reportada y la administración de la vacuna”, añadió al descartar este argumento de los demandantes.

El gobierno federal pide que los datos del VAERS se evalúen tomando en cuenta, además, que el universo de vacunados que abarca ese sistema es sobre 300 millones de personas, en el caso de las vacunas contra el coronavirus.

Para ver un folleto informativo sobre VAERS, pulse aquí.