La magistrada federal Camille Velez aceptó hoy, jueves, el cambio de alegación a culpabilidad sometido por Carlos F. Luna Cruz, implicado en el caso del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Perez, quien está acusado de tres esquemas separados de soborno y extorsión para obtener contratos con el Gobierno.

Contra Luna Cruz, pesaban tres cargos, dos por falsas declaraciones y uno por obstrucción a la investigación del Gran Jurado. Sin embargo, la magistrada desestimó los dos cargos por declaraciones falsas y aceptó el cambio de alegación en el de obstrucción.

El Ministerio Público recomendó una sentencia según la guía aplicable que estipula un periodo de cárcel de entre 10 y 12 meses además de una multa de $250 mil por el cargo de obstrucción de la investigación.

La magistrada ordenó que el imputado continúe en libertad bajo fianza hasta el día de su juicio en corte.

A su salida del Tribunal federal, ni Luna Cruz ni su abogado, Jason González Delgado, emitieron comentarios sobre el cambio de alegación o sobre si el imputado tiene intenciones de declarar en contra de alguno de los coacusados.

A Luna Cruz le imputa ofrecer declaraciones engañosa sobre la vinculación del coacusado Javier Muñiz Álvarez con la empresa JM Professional <><><><><><><><><><>& Training Group, así como con la involucración de Hernández Pérez en el proceso de obtener los contratos de esa entidad con el Departamento del Trabajo./p

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Se le imputó, entonces, un cargo por obstrucción a la justicia al intervenir con las computadoras de la empresa que se usaron para el contrato de las ferias de empleo en Trabajo, de forma tal que las autoridades no pudieran llegar a información que buscaban con esos contratos./p

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Previamente, esta semana, Luna Cruz había notificado sobre su intención de aceptar culpa, por lo que el juicio del grupo queda listo para iniciar el 10 de mayo próximo, según indicó la fiscalía federal en una moción./p

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En el documento dijeron también que estaban dispuestos a allanarse a una posposición de la fecha de juicio, pero no a aceptar que el proceso sea roto para atender a grupos separados de coacusados./p

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