Decenas, si acaso miles de personas en Puerto Rico, participan en actos de corrupción, demostrando que el fenómeno se ha convertido en algo común y generalizado.

Eso se desprende del informe que presenta el miércoles la Comisión de Derechos Civiles titulado 'Derechos Humanos y Corrupción', encomendado al licenciado Víctor Rivera Hernández, con la participación del licenciado y exrepresentante Víctor García San Inocencio, y el exsuperintendente Pedro Toledo, quien falleció hace varios años.

El informe define la corrupción como una actividad disfuncional que afecta al cuerpo individual y colectivo que la padece.

A pesar de todos los esfuerzos para erradicar la corrupción, el problema no ha disminuido sino que se ha convertido en un conflicto creciente e inmanejable. La percepción pública es que la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrenta el Estado.

Su relación con los derechos civiles se debe a que la misma está anclada a un sinnúmero de actividades que afectan al erario impactando los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

La frecuencia y el número de actos de corrupción que generan noticia es solo un elemento a la hora de ver el fenómeno. 'Pues si bien hace tiempo que perdió —si es que lo tuvo— su carácter de excepcionalidad, lo que más llama la atención es lo común y generalizadas que están algunas de estas prácticas, no solo de parte de funcionarios/as públicos/as, sino de muchos ciudadanos/as. Veamos dos estadísticas estremecedoras: casi la mitad del dinero cobrado por concepto del IVU no es remesado por los comerciantes al Departamento de Hacienda. Más de 200,000 consumidores/as de agua no la pagan, pues sus contadores están enterrados o se trata de conexiones ilícitas', dice el informe.

Si se incluyen los elementos de la economía informal y actividades como la proliferación de miles de negocios donde se juega y se pagan ilegalmente premios en efectivo, surge un amplio territorio de actividades que fomentan el lavado de dinero, la irresponsabilidad ciudadana y el incumplimiento de las leyes, apunta el informe.

Desde que comenzó la investigación que da pie al informe, la Isla ha sido sacudida por distintos casos de corrupción que incluyen el caso del exsenador Jorge de Castro Font y las revelaciones sobre esquemas que involucran al sector privado; los operativos del Gobierno federal contra funcionarios/as postales por facilitar la entrada de armas y drogas valiéndose del correo; el operativo dirigido desde Washington contra policías que protegían narcotraficantes, el primer arresto del juez superior Manuel Acevedo, por aceptar sobornos para decidir un caso de homicidio negligente; y el arresto de sobre 500 residentes en Lares por un presunto fraude a seguros, entre otros.

El informe de unas 300 páginas dedica tres cuartas partes de su contenido a recomendaciones para lidiar contra el problema. Entre estos destacan la creación de un Observatorio sobre el fenómeno de la Corrupción en Puerto Rico; la creación de un organismo gubernativo con autoridad para coordinar y maximizar los esfuerzos de los entes fiscalizadores; la creación de un mecanismo de recompensas a personas que denuncien actos de corrupción; y la creación de una Sala Judicial Especial para atender incidentes de corrupción relacionadas con contratistas.

También propone instaurar la carrera judicial; la restitución de la Oficina del Inspector General; elevar a rango constitucional el principio de mérito; revisar todos los sistemas de facturación y bonificación de contratos del gobierno; aumentar los salarios de los oficiales del orden público para evitar que se corrompan; y prohibir la participación de jefes de agencias y directores ejecutivos de corporaciones públicas en actividades político partidistas.