El representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la corporación pública identificó siete puntos a considerar en esta coyuntura.

La salida de José Ortiz de la jefatura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no debería descarrilar el plan de transformación de la corporación pública, afirmó Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE.

Ortiz presentó su renuncia hoy, pero es efectiva este miércoles.

«En el día de hoy, se nos anuncia la renuncia del Director Ejecutivo de la AEE. La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico va más allá de la permanencia o renuncia del Director Ejecutivo», apuntaló Torres Placa en declaraciones escritas.

«La transformación de la AEE requiere de acciones firmes y contundentes a favor del consumidor para desarrollar un sistema eléctrico confiable y resiliente en acuerdo con la Nueva Política Energética de Puerto Rico, Ley 17 de 2019”, agregó.

Reconoció también que desde que asumió el cargo de representante del consumidor en marzo de 2019 ha reclamado acciones firmes y contundentes para atender la fragilidad del actual sistema eléctrico y encaminar una transformación de la corporación pública tomando en cuenta las necesidades del país.

Enumeró siete puntos urgentes, que están pendientes y requieren ponderación.

1. La aprobación de un Acuerdo de Reestructuración de Deuda que representa alzas excesivas en la tarifas de electricidad para todos los consumidores, y no resuelve el alto grado de insolvencia de la AEE.

2. Confeccionar y presentar un plan de infraestructura – Plan Integrado de Recursos (PIR) – que promueve el desarrollo en energía de manera centralizada por combustibles fósiles, en contra de la Nueva Política Pública Energética, Ley 17 de 2019.

3. Aprobación de la Conversión a Gas Natural de las Unidades 5 y 6 de la Central San Juan, sin participación pública, resultando en altos costos para los consumidores, y cuestionamientos aún del Federal Energy Regulatory Commission (FREC).

4. Dilatar la reparación de las Unidades 5 y 6 de la Central Costa Sur, luego de los eventos sísmicos de enero pasado, poniendo en riesgo el suplido de energía durante la temporada de huracanes y la demanda pico de verano.

5. La aprobación del Acuerdo del Operador del Sistema de Transmisión y Distribución (Contrato Luma) sin contar con un proceso de participación ciudadana, resultando en un alto cuestionamiento de dicho acuerdo en la opinión pública, en el foro legal y administrativo.

6. Un proceso dilatado de asignación de fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico.

7. Recortes en servicio de aproximadamente 500,000 abonados como consecuencias de la Tormenta Tropical Isaías.