La Administración Obama presentó un escrito en un Tribunal de Apelaciones esta semana reiterando que la ciudadanía estadounidense no es un derecho constitucional fundamental para los estadounidenses nacidos en los territorios, sino que es un derecho conferido por el Congreso.

La Administración hizo sus comentarios al argumentar en contra de una demanda radicada por ciertas personas nacidas en Samoa Americana, quienes desean que la ciudadanía estadounidense los cobije por virtud de haber nacido en un territorio de dicha nación. Los ciudadanos nacidos en Samoa Americana son considerados ‘U.S. nationals’al nacer, y no ciudadanos, a menos que uno de sus padres así lo sea.

Tuaua v. Estados Unidos es una demanda federal interpuesta por Leneuoti Tuaua, la Federación Samoana de América, y otros nacidos en Samoa Americana que creen que mientras este territoriosea parte de los Estados Unidos, las personas nacidas allí tienen derecho a la ciudadanía americana por virtud de la enmienda 14 de la Constitución.

Los demandantes están representados por Neil Weare, presidente de ‘We the People’, una organización nacional dedicada a lograr la igualdad de derechos y la representación de los casi 5 millones de estadounidenses que viven en los territorios de Estados Unidos y el Distrito de Columbia; Arnold & Porter LLP, una firma de derecho internacional; y Charles V. Ala’ilima, un prominente abogado de Samoa Americana.

El caso fue desestimado por el Tribunal de Distrito, y se encuentra en apelación.

El exgobernador Pedro Rosselló, junto con otros líderes de otros territorios estadounidenses, presentó una solicitud de ‘amigo de la corte’en mayo para apoyar la idea de que los derechos constitucionales como la ciudadanía no pueden simplemente ser ‘apagados’ en los territorios.

Los abogados del Departamento de Justicia acusaron a ‘We the People’ de ajustar citas y omitir frases a su conveniencia para presentar su caso trasreiterar que la propia cláusula 14 establece que la ciudadanía estadounidense es conferida por el Congreso.

‘Las palabras que los demandantes suprimieron y reemplazaron con elipses tienen significado, sin embargo, y proporcionan contexto. La cláusula (constitucional) en realidad dice lo siguiente: Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residen… Las frases ‘o naturalizadas’ y ‘y sujetas a su jurisdicción’ cuando se leen en conjunto con la frase ‘en los Estados Unidos’ demuestran precisamente la razón por la cual las reclamaciones de los demandantes fallan como una cuestión de derecho y por qué todos los tribunales federales al examinar las reclamaciones han encontrado que los demandantes han fallado-estas frases contemplan que la concesión de ciudadanía por nacimiento no simplemente sigue a la bandera sino más bien se define, limita o amplía por acción del Congreso’, lee el documento.

Del mismo modo, el escrito reza que la responsabilidad del Congreso para gobernar los territorios de esta nación ha sido reconocida y respetada por los Tribunales, y es este cuerpo el que tiene la ‘discrecionalidad legislativa’ para otorgar ‘privilegios a los nacidos en las posesiones territoriales como mejor le parezca’. El Congreso, ‘tiene plena autoridad legislativa y completa sobre los pueblos de los territorios y de todos los departamentos de los gobiernos territoriales [y] puede hacer en los territorios lo que el pueblo, bajo la Constitución de los Estados Unidos, puede hacer en los Estados’.

En este sentido, los abogados defendieron el derecho del Congreso de crear la categoría de ‘U.S. Nationals’ en Samoa Americana.

Mientras, Weare reaccionó en un comunicado que es difícil creer que en el siglo XXI la Administración de Obama esté defendiendo dos clases de estadounidenses.

‘La posición de la Administración Obama ignora no solo la historia de la Decimocuarta Enmienda, pero la historia de Samoa Americana,’ añadióAla’ilima.

Por su parte, el comisionado residente Pedro Pierluisi indicó en expresiones escritas que se ‘volvió a confirmar que Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos’.

‘La ley es clara y contundente. Contrario a lo que alegan algunos líderes políticos en la Isla, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Esta condición política es indigna y antidemocrática, y es la raíz principal de nuestros problemas económicos. Si Puerto Rico quiere echar hacia adelante, tiene sólo dos opciones: ser estado o ser una nación soberana. Si Puerto Rico fuera una nación soberana, ya sea totalmente independiente o en asociación con Estados Unidos, las generaciones futuras de residentes de la Isla no serían ciudadanos americanos y Puerto Rico recibiría una cantidad significativamente menor de fondos federales’, añadió.