Como secretario de Salud en la pasada adminitración, Mellado había evitado que se estableciera, pero la nueva administración lo revirtió el mismo día que lo tenían citado a Justicia.

El mismo día que el exsecretario de Salud, Carlos Mellado López, compareció al Departamento de Justicia (DJ) por una citación para pesquisa criminal, el Departamento de Salud (DS) abrió paso a que se establezca en Canóvanas un centro de diagnóstico y tratamiento (CDT) que competirá con el que Mellado López opera en ese municipio.

La aprobación de un segundo CDT en ese municipio le representaría una reducción de ingresos de al menos 25% a Canóvanas Medical Center CSP (CMS), la entidad de la que Mellado López es accionista único y con la que opera el CDT municipal bajo un contrato con valor de $4.9 millones y vigente de 2023 a 2028. El municipio financia el centro con subvenciones estatales y mantiene y renueva la planta física con fondos federales.

Representaría también la segunda vez en cinco años que el DS atiende una solicitud de Costa Este Medical Services Corp. (CEMS) para operar ese segundo CDT, ubicado en Plaza Rial Mall en oficinas que tienen alquiladas hasta 2030. La primera vez fue un proceso que terminó en 2023, cuando el propio Mellado López denegó el Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) que necesita la empresa. En esa ocasión, Mellado López estaba en la silla de secretario de Salud que hoy ocupa Víctor Ramos Otero. La base para esa primera determinación fue que el reglamento de los CNC directamente dice que solo puede haber un CDT por cada 25,000 habitantes de un municipio. Bajo distintas mediciones y proyecciones, Canóvanas pasa de 40,000, pero no llega a 50,000.

Durante el primer proceso, la corporación de Mellado López compareció para oponerse a la concesión del CNC. También lo hizo el Municipio de Canóvanas. Ambos se opusieron de nuevo a la segunda solicitud de CNC que CEMS hizo, esta vez en abril de 2025, cuando ya estaba instalada la Administración González Colón con Otero Ramos en Salud.

Esa segunda solicitud fue cuatro meses después de que el Tribunal de Apelaciones le falló en contra a CEMS y sostuvo la denegatoria del CNC que hizo Mellado López. El panel de jueces concluyó que CEMS “no probó la presunta demanda de servicios insatisfecha, más aún con la proyección existente sobre una disminución poblacional”. La empresa había introducido el concepto de “población flotante” para decir que, si se sumaba a la del municipio, sobrepasaba las 50,000 personas. Esa “población flotante” serían visitantes, empleados y otro tipo de persona que se mueve regularmente al municipio, pero no reside allí. “La población residente era la verdaderamente pertinente al asunto”, sentenció el apelativo.

Para ese caso, la Oficina del Procurador General, o lo mismo que el gobierno de Puerto Rico, compareció en defensa de Salud y argumentó que la de CEMS era una “propuesta deficiente que no cumplió con los requisitos” y que el secretario había hecho un “válido ejercicio de planificación se servicios de salud”.

Desde el jueves pasado, el Apelativo vuelve a tener ante sí la misma controversia con las mismas partes ya que la corporación de Mellado López, esta vez como la parte perjudicada, pidió el auxilio de ese foro para detener el CNC que Ramos Otero le autorizó a CEMS el 29 de abril de 2026, mismo día en que el exsecretario acudió al DJ para una citación que resultó brevísima y de la cual no se han dado explicaciones oficiales. Lo que se sabe es que se supone que era en el contexto de una investigación criminal sobre la declaración jurada que Mellado López hizo sobre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, a quien Ramos Otero ha llamado su “hermano”. La autorización de Ramos Otero ocurrió apenas el día después de que el oficial examinador recomendó la concesión del certificado.

De hecho, Mellado López apuntó a la “animosidad probada” que Ramos Otero tiene en su contra para pedirle al foro judicial que lo releve de tener que agotar los remedios dentro del propio departamento ya que, al fin y al cabo, van a acabar en el escritorio de quien ha dicho que él “daña las batas de los médicos” y que “tiene problemas con decir la verdad”.

Aparte esta contención sobre que en Salud es imposible que le protejan su debido proceso de ley, los argumentos de CEMS en contra del certificado para su competidor no cambian. Siguen indicando que, aunque hay variaciones en la medición poblacional, no se llega a los 50,000 habitantes que justificarían un segundo CDT en el pueblo, y que la decisión previa del tribunal a favor de denegar ese certificado debe prevalecer para que no se le permita al secretario “actuar arbitraria o caprichosamente al aplicar sus reglamentos”.

CEMS es una entidad que encabeza Ismary González Artiles. En uno de los documentos en el expediente, González Artiles defiende que su CDT ofrecería servicios que no se ofrecen en el de Mellado López, lo que provoca que residentes de Canóvanas salgan del pueblo a satisfacer esas necesidades. “Estoy segura de que nuestro proyecto no lo va a afectar de forma negativa al CDT que hay actualmente en Canóvanas. Al contrario, lo que buscamos es complementar lo que ya existe”, dijo.